Fuerteventura.- El PP Sigue Impidiendo la Contratación de Personal en el Sector Público afirma Juan Jiménez




El PP desaprovecha la oportunidad de derogar el Real Decreto que impide la oferta de empleo público a entidades locales económicamente saneadas, como el Cabildo de Fuerteventura


Después de tres años de la aplicación en el sector público de unas supuestas medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, recogidas en una norma que, entre otros aspectos, impide la contratación de personal, tan siquiera de manera puntual, en las administraciones públicas de ámbito local, obviando para ello la diferenciada salud económica de las corporaciones, resulta curioso que el último Consejo de Ministros del año desaprovechara la oportunidad para derogar el Real Decreto 20/2011, de 30 de diciembre, máxime cuando el propio Rajoy se ha jactado recientemente de anunciar el fin de la crisis
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            Siendo así, devienen contradictorias las previsiones del Gobierno, ya que si hemos dejado atrás la crisis, no tiene sentido mantener una norma que coarta muchos servicios públicos, precisamente por carencias de recursos humanos, en instituciones como el Cabildo de Fuerteventura, que estaría en razonable disposición de ofrecer mejores servicios en ese sentido.

            Tanto es así que actualmente, en virtud de la restrictiva normativa laboral vigente -inclusive Reforma Laboral mediante- del Gobierno del PP, tan solo se puede reponer la tasa de vacantes provenientes de las pre jubilaciones o las enfermedades de larga duración, obviando las jubilaciones y, por supuesto, cualquier cobertura vía oferta pública de empleo.

 No obstante, al respecto se especifica como única excepción la posibilidad de incorporar plazas de militares de Tropa y Marinería, en un evidente ejemplo de lo que se entiende desde el PP como claro servicio esencial, quizás engarzado en una ineludible filosofía militarista de la que cuesta despojarse, o quizás en aras a la salvaguarda de los intereses de determinadas multinacionales -léase Repsol- que desarrollan su actividad, por ejemplo, en aguas cercanas a nuestras costas. Por ello, no se acaba de entender cómo no reciben la misma consideración los servicios sociales.

            A este ritmo, sin considerar la realidad del servicio y el interés general, muchas administraciones públicas se ven abocadas paulatinamente a encorsetar y adelgazar servicios incluso esenciales, con el riesgo que ello supone para muchas personas que precisan de los mismos, independientemente de la preocupante desnaturalización que ello supone para el objeto social de las propias administraciones públicas.

En Puerto del Rosario, a 29 de diciembre de 2014

Juan Jiménez González
Vicesecretario General

PSOE Fuerteventura