El PP desaprovecha
la oportunidad de derogar el Real Decreto que impide la oferta de empleo
público a entidades locales económicamente saneadas, como el Cabildo de
Fuerteventura
Después
de tres años de la aplicación en el sector público de unas supuestas medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y
financiera para la corrección del
déficit público, recogidas en una
norma que, entre otros aspectos, impide
la contratación de personal, tan siquiera de manera puntual, en las
administraciones públicas de ámbito local, obviando
para ello la diferenciada salud económica de las corporaciones, resulta
curioso que el último Consejo de Ministros del año desaprovechara la oportunidad
para derogar el Real Decreto 20/2011, de 30 de diciembre, máxime cuando el
propio Rajoy se ha jactado recientemente de anunciar el fin de la crisis
.
Siendo así, devienen contradictorias
las previsiones del Gobierno, ya que si hemos dejado atrás la crisis, no tiene sentido mantener una norma que
coarta muchos servicios públicos, precisamente por carencias de recursos
humanos, en instituciones como el Cabildo de Fuerteventura, que estaría en
razonable disposición de ofrecer mejores servicios en ese sentido.
Tanto es así que actualmente, en
virtud de la restrictiva normativa laboral vigente -inclusive Reforma Laboral
mediante- del Gobierno del PP, tan solo
se puede reponer la tasa de vacantes provenientes de las pre jubilaciones o las
enfermedades de larga duración, obviando las jubilaciones y, por supuesto,
cualquier cobertura vía oferta pública de empleo.
No obstante, al respecto se especifica como única excepción la
posibilidad de incorporar plazas de militares de Tropa y Marinería, en un
evidente ejemplo de lo que se entiende desde el PP como claro servicio
esencial, quizás engarzado en una
ineludible filosofía militarista de la que cuesta despojarse, o quizás en aras a la salvaguarda de los intereses
de determinadas multinacionales -léase Repsol- que desarrollan su
actividad, por ejemplo, en aguas cercanas a nuestras costas. Por ello, no se acaba de entender cómo no reciben la
misma consideración los servicios sociales.
A este ritmo, sin considerar la
realidad del servicio y el interés general, muchas administraciones públicas se ven abocadas paulatinamente a
encorsetar y adelgazar servicios incluso esenciales, con el riesgo que ello
supone para muchas personas que precisan de los mismos, independientemente de
la preocupante desnaturalización que ello supone para el objeto social de las
propias administraciones públicas.
En Puerto del Rosario, a 29 de
diciembre de 2014
Juan Jiménez González
Vicesecretario General
PSOE Fuerteventura
