El proyecto petrolífero a desarrollar por tres multinacionales del sector
frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote sufre del "mal de los
vasos comunicantes" entre las petroleras, el PP y el Gobierno de España.
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que se encuentra en información
pública desde el pasado 1 de agosto para presentar alegaciones en la Delegación
de Gobierno en Gran Canaria "es el ejemplo más reciente y quizás el más
evidente de un proceso que además de una ataque medioambiental a Canarias se
está convirtiendo en una violación de la legitimidad democrática y del
procedimiento administrativo", subrayó el presidente del Cabildo de
Fuerteventura, Mario Cabrera.
La lectura de los más de 6.000 folios que las petroleras y el Ministerio
someten a información pública en 3 oficinas de Canarias durante agosto
desprende datos muy relevantes. Entre ellos, que fue el 6 de junio de 2013
cuando la Dirección General de Calidad Ambiental y Medio Natural remitió a la
petrolera el documento oficial con el alcance y los contenidos necesarios a
incluir en el EIA para que ésta comenzara a redactarlo.
La propia petrolera reconoce por escrito en el EIA que la comunicación
oficial le llegó el 10 de junio de 2013, y a partir de entonces comentó a
trabajar en una serie de informes que no fueron acabados y presentados en el
Ministerio hasta el 25 de julio de 2013. A partir de entonces, el 1 de agosto
ya se sometió a información pública con su publicación en el BOE.
Anuncio en un acto del
PP
"Evidentemente, algo tenía que saber la petrolera desde antes del 6
de junio para poder acometer en este plazo de seis semanas los trabajos de un
Estudio de Impacto Ambiental de 6.000 folios. Pero es que hay que recordar que
en un acto del PP celebrado la tarde del 16 de junio, es decir una semana
después de comunicar a la petrolera el contenido del EIA, un alto cargo del PP
y del Ministerio de Industria ya adelantaba que todo el estudio que en ese
momento comenzaba a redactar la petrolera estaría acabado a comienzos de agosto
para someterlo a información pública", recordó el presidente del Cabildo
de Fuerteventura.
El Cabildo de Fuerteventura ya denunció públicamente desde el pasado 17
de junio esta forma de proceder en la que se confunde la portavocía del PP, con
la de las petroleras y con la del Gobierno de España, "y eso es algo muy
grave, por no decir antidemocrático, porque vulnera el procedimiento
administrativo y convierte al actual proceso de exposición pública del EIA en
una auténtica tomadura de pelo", terminó señalando.
