Un total de 70 personas participan en Fuerteventura en las jornadas ‘Valoraciones Inmobiliarias y Urbanismo’ que tienen como objetivo actualizar los conocimientos de los empleados públicos tras la aprobación del Real Decreto que desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Suelo. Esta actividad, que se clausurará mañana jueves, se enmarca en la programación del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) para la presente legislatura y está dirigida a empleados públicos que ocupen puestos de ingenieros, arquitectos, aparejadores y economistas o licenciados en derecho.
Durante las jornadas, que también están abiertas a los colegios profesionales, se analiza la incidencia de las valoraciones en la ejecución de la ordenación territorial, urbanística y de los recursos naturales, así como las valoraciones del suelo en situación básica de rural y de las edificaciones.
La viceconsejera de Administración Pública del Gobierno de Canarias, Carmen Nieves Rodríguez, inauguró la actividad y destacó la importancia de la misma para incrementar la formación de los técnicos de las corporaciones canarias dada la relevancia del suelo y de las actuaciones sobre el mismo en un territorio fragmentado y limitado.
“La formación es imprescindible para lograr que desde las administraciones públicas demos respuestas a las preguntas que nos eleva la ciudadanía”, incidió Carmen Nieves Rodríguez, quien agregó que las jornadas suponen “una oportunidad para prestar un servicio público mejor, más completo, ágil y riguroso”.
En este sentido ahondó el director del ICAP, Luis Alba Vilches, que indicó que en momentos como los actuales se requieren respuestas precisas desde la sociedad y desde los poderes públicos, y enfatizó que la formación es un elemento esencial para contar con empleados públicos más motivados, más capaces y más productivos en la Administración Pública.
Luis Alba recuerda que las jornadas Valoraciones Inmobiliarias y Urbanismo forman parte de la programación que abordará durante la presente legislatura el ICAP, organismo que promoverá durante los próximos cuatro años la mejora de la preparación de los empleados públicos, trabajará para aumentar el grado de confianza de los ciudadanos en la Administración, mediante la motivación de sus trabajadores, y mejorará la actitud de los servidores públicos hacia los ciudadanos.
