El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret López, intervino hoy de forma telemática ante el Senado en una ponencia de estudio sobre la insularidad y situación extrapeninsular de Ceuta y Melilla junto a los presidentes de los Consells y las ciudades autónomas.
Lloret detalló los
datos socioeconómicos que ha provocado la pandemia originada por la COVID-19 en
Fuerteventura “con una tasa de desempleo en la isla de un 27´1 %
población, la tasa más alta de toda la comunidad autónoma, con un 10% de nuestra
población activa de Canarias en ERTE, lo que supone más de 80.000 trabajadores
y 11.000 en Fuerteventura, y el descenso de nuestro PIB en 20 puntos en la
anualidad 2020, frente a los 11 puntos que descendió el índice nacional”.
En
este sentido, el presidente del Cabildo pidió “apoyo económico y la solidaridad
del Gobierno de España y la aprobación de un Plan Específico de para Canarias
de recuperación del sector turístico, así como un Plan de Reactivación
Económico dotado con líneas de subvenciones, exenciones y bonificaciones
fiscales y sociales, el mantenimiento de los ERTES hasta al menos, final de
año”, reclamó.
En
materia migratoria, Sergio Lloret reclamó para Fuerteventura “solidaridad tanto
del Gobierno de España como de la Unión Europea, y del resto de territorios
autonómicos y Unión Europea, porque los migrantes no vienen para quedarse en
Canarias: la mayoría no quiere quedarse. Canarias es simplemente la puerta de
entrada por cercanía, en la ruta que traen prevista hacia el territorio
peninsular y el resto de países europeos”.
Fuerteventura,
en el período comprendido desde marzo de 2020 hasta la actualidad, han llegado
1.010 migrantes irregulares en un número de 34 pateras.
La situación del
Oliva Beach
Lloret quiso
finalizar su intervención recordando que “Costas debe ser transferida a
Canarias como competencias porque así lo establece el Estatuto de Autonomía” y
no perdió la oportunidad para recabar implicación urgente de las distintas administraciones
del Estado con el objetivo de aportar una salida a la angustiosa situación que
viven más de 400 familias cuyo sustento depende del futuro del Hotel Riu Oliva
Beach.
