Registradas 2.200 firmas ciudadanas en tres días con las alegaciones contra las prospecciones petrolíferas en Fuerteventura y Lanzarote
02 de octubre de 2013 (15:31 h.)
El registro
oficial del Cabildo de Fuerteventura contabilizó unas 2.200 firmas registradas
durante los tres últimos días de la semana pasada avalando las alegaciones contra
las prospecciones petrolíferas frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote
en multitud de escritos, que ahora serán remitidos a los Ministerios de
Industria y Medio Ambiente del Gobierno de España. En esta cifra de firmas no
se incluyen las registradas las semanas previas durante las que ha
permanecido en exposición pública el Estudio de Impacto Ambiental de las
prospecciones, ni las presentadas ante la Delegación de Gobierno u otros
registros oficiales.
En las
alegaciones se reclama al Gobierno de España “que suspenda de manera inmediata toda
tramitación relativa de los permisos Canarias 1 a 9 incluida la actual Evaluación
de impacto ambiental y conforme a lo expuesto se desestime definitivamente su
realización en consonancia con las decisiones de las Instituciones Canarias, el
respaldo mayoritario de la sociedad de las Islas, el principio de precaución y
el resto de la normativa de protección ambiental”
Estas
alegaciones ciudadanas se realizan en relación al Estudio de impacto ambiental
y los Informes de implantación de los sondeos proyectados frente a las costas
de Fuerteventura y Lanzarote (BOE 31/07/2013 página 39863). En ellas se defienden
unas Islas Canarias que no estén sujetas a la amenaza de riesgos catastróficos en
la perforación petrolífera. “Lo ocurrido en el Golfo de Méjico en 2010 puede
ocurrir en Canarias (p.e. el pozo Zanahoria 1 es un 20 % más profundo) y sin
embargo el Estudio de impacto ambiental excluye indebidamente esta posibilidad.
Un vertido como ese llegaría a todas y cada una de las Islas y arruinaría
nuestra forma de vida y los ecosistemas de los que dependemos. No tiene sentido
jugar al azar con la calidad de vida”, se advierte.
También se
recuerda que somos un archipiélago de grandes riquezas y muy vulnerables a una
catástrofe. “Sin embargo el Estudio de impacto ambiental no valora el alto
grado de sensibilidad a la contaminación de hidrocarburos que tienen nuestro
sistema de abastecimiento; el turismo del que depende nuestra economía; la pesca
de la que nos alimentamos; y los ecosistemas marinos y costeros que comprendes
una biodiversidad de importancia mundial, protegida y con numerosos endemismos”.
Los firmantes
del texto alertan “sobre la singular dependencia de la desalinización de agua
marina que para su forma de vida tienen Fuerteventura, Lanzarote y en general toda
Canarias. La contaminación costera por hidrocarburos tendría efectos
catastróficos sobre el aprovisionamiento de agua potable en las islas”.
Demanda por lo
tanto “un respeto estricto a la legitimidad democrática y lealtad institucional.
Las instituciones de Fuerteventura y Lanzarote, el Parlamento de Canarias y el
Gobierno de Canarias, han reiterado a través de múltiples formas su oposición
clara y contundente a estas actividades petrolíferas. Este posicionamiento
legítimo y democrático no ha sido respetado por el Gobierno de España, primando
los intereses económicos de la multinacional petrolera”.
Pide además que
se respete la dignidad del pueblo canario en su derecho fundamental a participar
en los asuntos públicos (art. 23 CE). Los pozos petrolíferos proyectados son el
fruto de unos permisos adoptados sin información ni participación pública (Real
Decreto 1462/2001 y Real Decreto 547/2012). Esto es contrario al Convenio de
Aarhus de 1998 y las normas que lo desarrollan que exigen la participación del
público en las decisiones con incidencia ambiental.
Reivindican
también el interés general de la población canaria y su forma de vida frente al
beneficio privado de Repsol. “Máxime cuando estamos ante una multinacional sin
política fiscal accesible y con presencia en paraísos fiscales (Informe 2011
del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa). Además Repsol pretende
justificar el proyecto diciendo que un yacimiento podría reducir
la dependencia energética española sin un análisis económico riguroso que
fundamente y cuantifique la afirmación”, señalan en las alegaciones.
Los mares,
océanos y sus fondos son bienes de dominio público en los que debe prevalecer
el interés general de la seguridad y las actividades sostenibles, sin que tenga
sentido beneficiar a un multinacional para arriesgar a la población y a la
naturaleza canaria y de Marruecos. Los recursos naturales deben utilizarse para
cumplir nuestros compromisos con el aumento de las energías renovables y
reducción de las emisiones con efecto invernadero.
“Exigimos la más
estricta objetividad al Gobierno en la tramitación administrativa. Es una
actividad sesgada y parcial manifestar que la Evaluación de impacto ambiental
no puede impedir la realización de los pozos petrolíferos, impulsar los
expedientes sin necesidad de que los solicite Repsol, asumir lo que propone
Repsol sin informes técnicos, u ocultar información. La Administración se debe
a la ciudadanía no a las multinacionales aunque se digan españolas”, advierten
en el texto.
Demandan,
finalmente, “la aplicación estricta de los principios de precaución y de
protección ambiental. El Estudio de impacto ambiental plagado de omisiones,
indefiniciones, aspectos a desarrollar o preliminares que impiden conocer todos
los riesgos y poder alegar. Consideramos una dejación de funciones que no se
haya rechazado de oficio un Estudio de impacto ambiental que no se justifica,
ni cumple las mejores técnicas y tecnologías disponibles, las mejores prácticas
ambientales, un riesgo tan bajo como sea factible y una aplicación correcta de
la aproximación del peor de los casos. Repsol ni tan siquiera pretende cumplir
con los estándares que tiene que cumplir en Estados Unidos”.