Puerto del Rosario muestra su rechazo al incumplimiento sistemático de los derechos humanos en Irán
En Puerto del Rosario, a
29 de diciembre de 2022.-
El Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Puerto del Rosario propuso en el pleno
celebrado este pasado viernes, 23 de diciembre, en sesión ordinaria presidida
por el alcalde Juan Jiménez, una declaración institucional con motivo de las
muertes e incumplimientos de los derechos humanos que se están produciendo en Irán.
La República Islámica de Irán está
viviendo una continuada ola de movilizaciones sociales a raíz de la muerte el
pasado 16 de septiembre de MahsaAmini, una joven que había sido detenida dos días
antes por no cumplir con las estrictas normas de vestimenta impuestas a las
mujeres.
La respuesta ciudadana como reacción a
este hecho se ha mantenido hasta hoy y enfrentándose a un uso desproporcionado
de la fuerza por las autoridades iraníes, lo que ha provocado numerosas
muertes, lesiones y detenciones. Se desconoce el paradero de un grupo de
personas detenidas en el desarrollo de las manifestaciones.
Entre las personas detenidas se han
ejecutado dos penas de muerte de participantes en las protestas, MohsenShekari
y Majid Reza Rahnavard, después de procesos judiciales que no han contado con
todas las garantías, en especial la posibilidad de un recurso de apelación tal
y como contempla la propia legislación iraní.
Según datos publicados por Amnistía
Internacional, al menos otras 18 personas corren peligro de ser ejecutadas por
hechos relacionados con las protestas. Entre los condenados a muerte se
encuentran SahandNourmohammad-Zadeh, Mahan Sedarat Madani,
ManouchehrMehmanNavaz, Mohammad Boroughani, Mohammad Ghobadlou, SamanSeydi,
Hamid GhareHasanlou, AkbarGhafarri, cuatro personas de apellido Alborz y otra
de nombre desconocido.
El alcalde de Puerto del Rosario, Juan
Jiménez, manifestaba que “desde esta institución queremos mostrar nuestro rechazo
absoluto al recurrente incumplimiento de derechos humanos que se está
produciendo en Irán; solicitando además el cese inmediato de las ejecuciones y
del uso desproporcionado de la fuerza frente al ejercicio legítimo de los
derechos de reunión y manifestación; el esclarecimiento
del paradero de las personas que han sido detenidas y su situación procesal y
el respeto de las garantías judiciales.
