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Sí
Podemos Fuerteventura ha elaborado una serie de alegaciones en relación con las
bases reguladoras que rigen la tramitación y la concesión de las subvenciones destinadas
a autónomos y PYMES de la isla.
El consejero Andrés Briansó expone que: “Estas ayudas
son esenciales para paliar la crisis económica derivada de la pandemia, aunque a
la hora de estudiar las bases nos hemos encontrado con criterios muy excluyentes.”
Las bases de las subvenciones del Cabildo de Fuerteventura se convertirán en
las más restrictivas del archipiélago: en La Palma, Tenerife, Gran Canaria, El
Hierro, La Graciosa y Lanzarote no establecen límites a los gastos
subvencionables a raíz de la excepcionalidad de la situación y en apoyo al
sector empresarial.
Una
de las modificaciones que propone la formación morada es en relación con los
gastos válidos para acogerse a las subvenciones.
Entre ellos destaca el
desglose de los gastos subvencionables: coincide con los que propone el
Gobierno de Canarias en el Decreto Ley 2/2021, que regula la concesión directa
de subvenciones dirigidas a personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas
empresas, pero restringiendo la suma al incluir solo el 50% de los gastos de
arrendamientos.
“Con estas limitaciones se quedan fuera otros sectores que
también necesitan el respaldo de las instituciones: autónomos y empresas de la
cultura, artistas, guías turísticos, artesanos, vendedores en mercados,
taxistas, electricistas, autónomos que trabajan desde casa y muchos más”,
explica Briansó.
Podemos
también destaca la importancia de modificar los criterios de valoración con las
personas trans e intersexuales, y en palabras del consejero Pau Quiles: “Esperamos
que después de la moción que presentamos en el pasado pleno, que fue aprobada
por unanimidad, relativa a la implantación efectiva de las medidas previstas en
la Ley 2/2021 de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de
género, expresión de género y características sexuales, los grupos político que
conforman el grupo de gobierno se mantengan fieles a su compromiso de incluir criterios
para luchar contra la discriminación del colectivo en la contratación pública y
en las bases reguladoras de las subvenciones.”
Otro
de los apartados propuestos a modificación es el referente a la documentación
que se ha de aportar.
Dentro de los criterios de valoración se incluyen el
número de prácticas puestas en marcha que contribuyan a la consecución de
alguno de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) recogidos en la Agenda 2030,
requiriendo únicamente una declaración responsable para acreditar dichas
prácticas.
Podemos propone que junto
a la declaración de la aplicación de los ODS se adjunte documentación que avale
lo expuesto.
Además,
se solicita incluir un apartado destinado a la protección del empleo generado
por las empresas beneficiarias, teniendo en cuenta el número de personas
trabajadoras sostenidas por la empresa, favoreciendo a quienes han mantenido
los contratos laborales y destinar la subvención a cubrir las necesidades de la
empresa para tratar de recuperar su nivel de actividad anterior a la crisis
generada por la COVID-19.
