La secretaria de organización insular y presidenta de Nueva Canarias (NC) en Tuineje, Pilar Rodríguez, afirma que “Mario
Cabrera recibe otra bofetada judicial a sus políticas contrarias a los
intereses económicos de Fuerteventura”.
Según anuncio publicado en el Boletín
Oficial de Canarias número 91 del martes 13 de mayo de 2014, en el que se
detalla las distintas sentencias que el Tribunal Superior de Justicia de
Canarias ha dictado con respecto a la Instrucción aprobada por el Cabildo de
Fuerteventura en la sesión plenaria del 30 de octubre de 2009, relativa a la
equiparación de categoría de suelo rústico del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura
y el texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias. Obliga al Cabildo no solo a ejecutar la
sentencia, mediante la cual queda anulada la referida instrucción, sino que
además le insta a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Con la aprobación de dicha instrucción,
Mario Cabrera y su socio de gobierno en aquel momento, el Partido Popular,
pretendían equiparar los suelos rústicos de Agricultura Tradicional, con los
suelos de Protección Ambiental. Esta instrucción fue recurrida en su momento por los
promotores de las energías eólicas de Fuerteventura. Porque con este acuerdo se
imposibilitaba la implantación de los Parques
Eólicos adjudicados en el concurso del año 2007 La Tablada y El Moralito,
ambos ubicados en el municipio de Tuineje.
Pilar Rodríguez asegura que “en esta zona
es falso que se encuentren valores ambientales que imposibiliten la
implantación de esta energía alternativa. A pesar que Mario Cabrera siempre intenta
decorar su discurso basado en la implantación de las energías alternativas,
comprobamos que a la hora de tomar decisiones lo hace en sentido contrario.
Incluso parece ser que el presidente del Cabildo ha recurrido esta sentencia
ante el Tribunal Supremo”.
Rodríguez considera que “es evidente que
todo este tipo de actuaciones suponen un gasto importante de los recursos
económicos de los ciudadanos, frenan la inversión privada y crea inseguridad
jurídica en nuestro municipio en particular y en Fuerteventura en general”.
