Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria
La regeneración de la playa del Castillo, situada en Caleta de
Fuste, en el municipio de Antigua (Fuerteventura), es una reivindicación cuya
demanda ha transitado por diferentes despachos ministeriales sin que el
Gobierno del Estado haya sido capaz –o no ha querido- de encontrar una solución
que permita ejecutar una obra imprescindible para una zona turística que recibe
más de medio millón de visitantes cada año.
Este simple proyecto ejemplifica cómo la política se convierte
muchas veces en un obstáculo para solucionar un problema de interés social y
económico cuya remedio se eterniza innecesariamente por desavenencias
partidistas y por estrategias insensatas.
Pues bien, esta semana, el mismo partido que ha alargado el
proceso con sus propias contradicciones, me refiero al Partido Popular,
defendió en el Congreso una Proposición No de Ley que suponía la aceptación
definitiva de la oferta que tantas veces le ha planteado el Cabildo Insular de
Fuerteventura al Gobierno para anticipar la financiación con fondos propios,
junto a inversores privados, para la ejecución de una obra que corresponde acometer
al Ministerio de Medio Ambiente.

Es decir, el PP quiso con esta iniciativa en el Congreso
escenificar, tras marear la perdiz tantas veces, que ahora sí acepta lo que
tantas veces había rechazado y lograr, sin éxito alguno, anotarse un tanto que,
en todo caso, corresponde a una institución, presidida por Mario Cabrera, que desde
el pasado mes de junio de 2013 ha remitido no sé ni cuántos escritos a Costas
tendiéndole la mano para desbloquear un proyecto que solo requiere un mínimo de
interés político.
Este sainete con el que ahora el PP pretende imponer un cambio de
rumbo y tomar la dirección que tantas veces ha señalado el Cabildo Insular se
podría resolver sin necesidad de haber elevado al Congreso una iniciativa que
llega demasiado tarde. Ha transcurrido demasiado tiempo y a quien corresponde
mover ficha, con o sin mandato de la Cámara Baja, es al Ministerio de Medio
Ambiente.
El Ministerio solo tiene que aceptar la oferta de participar en la
financiación propuesta por el Cabildo y responder a los escritos de
ofrecimiento que lleva enviándole dicha institución desde el pasado mes junio.
O remitirle una simple autorización al borrador de convenio que el Cabildo le
facilitó en la reunión mantenida el mismo mes de junio en Madrid. Un convenio
en el que se propone refinanciar las obras de regeneración de la playa de El
Castillo en su totalidad, con compromiso de devolución por parte del Estado, o
financiar el 50% de forma compartida.
Para todo ello, no obstante, es necesario asegurar que Costas haya
cumplimentado toda la tramitación
administrativa previa del expediente, ya que es su responsabilidad y, al menos,
hasta finales de enero no se había hecho. Otro desatino más en el tortuoso
recorrido de un proyecto que representa el más claro prototipo de cómo el
Gobierno aparca decisiones que afectan a administraciones gobernadas por otras
fuerzas políticas distintas a la suya y cómo, al mismo tiempo, habilita partidas
y agiliza trámites que reclaman instituciones que se encuentran en manos del
PP.
No es la primera vez que sucede en esta Legislatura. El Gobierno
del Estado amputó las ayudas a Canarias para la subvención para la
desalinización de agua al mismo tiempo que habilitaba una partida de ocho
millones de euros para Ceuta. O el fuerte ajuste presupuestario del convenio de
carreteras con Canarias mientras cumplía con el pago de más de 90 millones de
euros a Baleares. O la supresión del convenio que tanto nos costó aprobar en la
pasada legislatura para la recuperación de los espacios turísticos deteriorados
amparándose en que no había ni un solo euro al mismo tiempo que creaban una
partida en 2014 para un proyecto de similares características, pero en la Costa
del Sol.
Lo que debería hacer el PP y el Ministerio de Medio Ambiente, en
el caso de la playa del Castillo, es agradecer públicamente la disponibilidad
del Cabildo y el Ayuntamiento de Antigua, dos pequeñas instituciones locales
con menos presupuesto que todo un gran Ministerio, y que llevan ofreciendo
dinero para hacer una obra que es competencia 100% del Estado, ofreciendo
recursos propios, sin que Madrid se haya dignado responder formalmente por
escrito. Y tomar nota, de paso, cómo se pueden desbloquear proyectos archivados
en las alejadas sedes ministeriales en las que se refieren a ajustes
presupuestarios cuando realmente se trata de decisiones políticas.
