Ante la declaración simbólica de Fuerteventura como “zona libre de Desahucios Hipotecarios” la
PAH inicia,
con
esta reunión, una serie de acciones para visibilizar el problema y abrir una
comunicación fluida
con la administración, de cara a implantar la
creación de un
parque público de vivienda para alquiler social.
Varios activistas de la plataforma Stop Desahucios hicieron entrega de una
petición destinada a
Bankia y al
Gobierno de Canarias, para que se cree un registro municipal de viviendas vacías, de acuerdo a
la
actual Ley Hipotecaria vigente en Canarias. El Concejal de Vivienda de Puerto del Rosario, Alejo
Soler, se había
comprometido anteriormente con la
PAH a trasladar sus demandas.
Bankia, entidad bancaria rescatada con dinero
público, posee numerosos inmuebles deshabitados en el
municipio y a día de hoy, según fuentes del Ayuntamiento, aún
no ha colaborado para fomentar el alquiler social.
El Gobierno de Canarias en su plan
para la inclusión social, manifiesta haber “movilizado 380 viviendas,
construidas por la empresa pública Visocán para la venta y que, ante la desaparición de las
ayudas estatales para la
compra de vivienda protegida que no
se
habían conseguido vender, el Gobierno canario optó por dinamizar en alquileres mucho más económicos”. Desde el Ayuntamiento de Puerto del Rosario
aseguran que solo
se cedieron 5 viviendas para alquiler social en Fuerteventura, una de las localidades españolas con mayor número de desahucios.
Las viviendas vacías son
un grave problema para la
sociedad, por el estado de abandono
que
llegan a alcanzar los
inmuebles y la morosidad que suponen. En
otros países europeos
son conscientes y lo sancionan de manera contundente. En
Fuerteventura contamos con muchos pisos deshabitados, pero ni la Oficina de Vivienda Canaria
ni las administraciones municipales han elaborado un
censo de los mismos, a
pesar de que no
cuentan con pisos para satisfacer la demanda de alquiler social.
Por otro lado, los
activistas de la
PAH Fuerteventura manifestaron sus
críticas al Concejal Alejo Soler, ante la
pasividad de la administración local para fomentar el alquiler social,
más
aún cuando la actual Ley Hipotecaria Canaria vigente se lo
permite. Se le informó de medidas legales que habían adoptado otros ayuntamientos como el de Terrasa para sancionar a las
entidades bancarias con inmuebles vacíos, consiguiendo aumentar así su
parque de vivienda pública.
Por eso la PAH de Fuerteventura pretende iniciar una serie de acciones para forzar soluciones reales al drama de los desahucios y las necesidades de vivienda. Se espera de nuestros gobernantes algo más que pronunciamientos simbólicos.
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