La petrolera ocultó durante 8 años información sobre la profundidad de los pozos petrolíferos frente a Fuerteventura y Lanzarote
17 de julio de 2013 (16:57 h.)
- Dos de los pozos duplican las profundidades máximas autorizadas por el
Ministerio
17 de julio de 2013
Los científicos cuyos informes avalaron la
demanda interpuesta por el Cabildo de Fuerteventura, en coordinación con una
decena de organizaciones ecologistas, científicas y vecinales, contra la
autorización de prospecciones petrolíferas frente a las costas de Fuerteventura
y Lanzarote, concluyeron esta mañana la ratificación ante el Tribunal Supremo
el del contenido de sus informes y atendieron a las preguntas de los distintos
abogados para detallar aspectos pormenorizados de los mismo y aclarar posibles
dudas.
"La participación
científica ha sido un trabajo minucioso, con muchísimas colaboraciones y aportaciones
de un buen número de especialistas, que queremos subrayar expresamente. Todo un
ejemplo democrático de implicación científica y social en contra de estas
perforaciones petrolíferas que las multinacionales y el Ministerio nos quieren
imponer, con unas malas mañas, que recuerdan a comportamientos grises y
funestos, de otras épocas, ahora que estamos en vísperas del 18 de julio",
explicó el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera.
Durante estas
comparecencias los abogados llamaron la atención sobre que se presentaron al
procedimiento documentos desconocidos hasta la fecha y que no habían sido
facilitados ni por las multinacionales ni por el Ministerio durante estos últimos
8 años.
Uno de ellos,
de valoración ambiental del proyecto de sondeos, está fechado en febrero de
2004, hace referencia a 8 posibles localizaciones de los pozos de sondeos que
Repsol ya había identificado al menos desde 2004, como consecuencia de los
resultados de la campaña de
investigación sísmica que ya había efectuado en 2002.
Esta
determinación de ocho pozos -recordemos que el primer decreto de 2001
autorizaba un máximo de dos pozos, cuando el nuevo decreto establece un número
indeterminado (a partir de dos)- tuvo lugar en el marco del programa de
actuaciones de prospección con respecto a la autorización de 2001. Estas
perforaciones estaban programadas una en el último trimestre de 2004, y la siguiente a principios de 2005.
Hay que
destacar que de esos 8 pozos, se reducen ahora a 6 en el documento de 2012, dos tienen longitudes de perforación
superiores a lo establecido en el decreto de autorización en vigor (3.500
metros de profundidad aproximadamente). Concretamente, estos dos pozos se
encuentran a 6.800 metros y 6.450 de profundidad respectivamente, superando por
lo tanto ampliamente las profundidades autorizadas por el Ministerio.
Las otras
cuatro perforaciones continúan en parámetros aproximados de 3.500 metros. Cabe
recordar que tanto en 2001 como en 2012 los pozos tendrían autorizados esta
longitud aproximada (3.500 m). La longitud se mide desde el lecho marino,
partir de la lámina agua, que en esas zonas se extiende hasta unas profundidades
de entre 850 y 1450 metros.
La salida a la
luz de estos datos evidencia que Repsol, tras la anulación de la autorización
en 2004 por sentencia del TS, conocía exactamente
los puntos de prospección y sin embargo no informo de los mismos en la subsanación
ambiental aportada.
El Tribunal
Supremo había anulado la anterior autorización alegando que en el momento que
se conocieron las características de los pozos deberían aportarse a la
evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, en 2012 se convalida el decreto
sin especificar esta evaluación, pese a
que la ubicación de los pozos ya era conocida desde 2004.
Estos datos
confirman lo adelantado por el Cabildo de Fuerteventura cuando meses atrás
alertó que las prospecciones en Canarias son un proyecto experimental plagado
de incertidumbres, pues son escasas las experiencias de perforación llevadas a
cabo en cualquiera parte del mundo en profundidades similares. Considerando, a
nivel ambiental, la naturaleza singular y sensible de estas aguas, tal y como
han demostrado los peritos del Cabildo esta semana, el proyecto del Ministerio
y Repsol se confirma como un despropósito sin parangón.
Toda esta
información ha podido ser conocida al haber sido aportada como documento anexó
a uno de los informes periciales
aportados por Repsol en las comparecencias de la presente semana,
concretamente por el geólogo Ricardo
García moral, interviniente este pasado lunes, ya que no se encontraba en el expediente
facilitado por el Ministerio.
Peritos
La declaración
de los peritos aportados por el Cabildo de Fuerteventura concluyó este mediodía
con las intervenciones de Alejandro Aguilar y Francisco Javier Villanueva.
Alejandro
Aguilar es ex vicerrector de la Universidad de Barcelona y experto en
contaminación marina, conocedor del banco canario sahariano a través de
diversas investigaciones, y miembro del comité internacional para la protección
de los cetáceos.
Destaco la singularidad
de las aguas Canarias desde un punto de vista económico por acoger importantes
caladeros de pesca, y por su gran riqueza de cetáceos y tortugas, "un
hotspot" en cuanto a diversidad se refiere". Aclaró que los
impactos a los que se refiere su informe son alusivos a la fase de
prospecciones, así como también coincidiendo con una posterior fase de
explotación.
Destaco la
especial incidencia de los sondeos sísmicos en las especies de cetáceos, y
sobre la contaminación alertó de la posible introducción de los elementos
contaminantes en la cadena alimentaria, tanto animal con respecto a las
especies depredadoras, como son cetáceos y tortugas, así como para los humanos
que pescan en la zona.
Dependiendo de
las condiciones oceanográficas, la extensión de estos contaminantes, atendiendo
a estudios anteriores realizados en condiciones similares, puede alcanzar
decenas de kilómetros.
Sobre los documentos
aportados por Repsol y sus socias multinacionales aclaró que se trata de
documentos muy generales e inconcretos; más cercanos a un manual de buenas
prácticas que a una evaluación de impacto ambiental en condiciones. Incluso
siendo un estudio superficial, contiene errores claros como su valoración de no
afección a animales como los delfines mulares, especie protegida por la
directiva hábitat de la UE y con poblaciones estables y residentes durante todo
el año en estas aguas.
Villanueva
Por su parte,
Francisco Javier Villanueva, ha sido asesor en accidentes petroleros en
Uruguay, Islas Galápagos y en España en el accidente producido en la plataforma
de explotación Casablanca (a solicitud de la propia Repsol) y en el accidente
del Prestige, además de participante en el proceso de designación de las aguas
canarias como zona marina de especial sensibilidad.
El objeto de su
informe ha sido la valoración de los impactos de la contaminación marina, su
especialidad profesional, en este caso relacionada con las prospecciones
petrolíferas.
En este
sentido, consideró que las medidas de protección medioambiental añadidas en el
real decreto de 2012 que convalida el anulado por el TS en 2004, son escasas e
insuficientes. También destacó que los documentos de la multinacional
únicamente mencionan un plan de contingencia en caso de producirse vertidos,
pero no los desarrolla en ningún momento.
Constató además
que en cualquier actividad industrial de exploración o explotación de
hidrocarburos en el fondo marino, más aún en el caso de Canarias donde las
aguas alcanzan grandes profundidades, los vertidos por este tipo de industria son
inevitables.
Tras la comparecencia de los peritos quedó
patente la unidad que existe entre la comunidad científica experta que conoce
la realidad y los valores naturales de la zona de las prospecciones,
confirmando el rechazo absoluto. Y también quedó patente la carencia absoluta
de fundamentos de las justificaciones aportadas por las multinacionales
petroleras.
Los peritos consideraron "genéricos",
"incompletos", "y en
muchos aspectos hasta erróneas", la justificaciones aportadas por los
promotores petroleros para justificar una supuesta inocuidad de las
prospecciones sobre el ecosistema de Canarias.
Las apreciaciones y conclusiones de los peritos
sirvieron al Tribunal para poder comprender con detalle la singularidad y los
valores del ecosistema marino canario desde todos los puntos de vista posibles:
aves migratorias, cetáceos, fondos marinos, consecuencias negativas de sondeos
sísmicos, así como el peligro que para el mismo representan los proyectos
petrolíferos de las multinacionales Repsol, RWE y Woodside..