Javier Larrea (especialista en derecho administrativo):”la autorización petrolífera es un cheque en blanco”

Enrique Jiménez Larrea (especialista en derecho Administrativo, Urbanismo, Eficiencia Energética y Energías Renovables), participó anoche en la mesa redonda organizada por la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura y Lanzarote sobre las prospecciones petrolíferas señalando que “antes de autorizarlas el Gobierno debería haber informado a toda la población, haber facilitado el acceso a los expedientes y haber permitido opinar sobre su contenido”.



Larrea aclaró que “esta es una operación empresarial, privada, de una multinacional que no tiene nada que ver con el interés público, ni con la política energética pública, porque no está orientada al autoabastecimiento ni al mercado nacional. El mercado del petróleo es internacional y se rige por intereses de multinacionales”.



Jiménez Larrea recordó que en los últimos años y ante el agotamiento de las reservas en tierra “asistimos a una búsqueda compulsiva de petróleo en aguas profundas, inseguras y potencialmente peligrosas. En Canarias se hacen además en un territorio muy frágil, que vive en un 85% del turismo y cuando se están aplicando medidas de desarrollo innovadoras en el contexto de las energías renovables”.



El especialista en Derecho advirtió de que las medidas que hasta ahora ha aplicado el Gobierno de España “van dirigidas a demonizar a las energías renovables”, y en el caso de las prospecciones petrolíferas en aguas profundas cercanas a Canarias, “se hacen con un marco legal de hidrocarburos no adaptado a la normativa europea”.



Jiménez Larrea subrayó las prisas del Gobierno en este proceso “en 2001 se tramitó en 2 meses y en 2012 en 20 días de alegaciones, como si fuera un permiso de caza. Es un cheque en blanco, porque otorga una investigación que lleva ligada luego la explotación”.



En definitiva, terminó el ponente, “se elude el debate público, no se facilita la información, se aceleran los procesos, se utiliza una legislación obsoleta y se entra en conflicto con las instituciones y el derecho a la información básico en las sociedades democráticas. Es un profundo error, tanto en el fondo como en la forma”.