Los Delegados de
los
Sindicatos SIP y UGT, en el Ayuntamiento de La
Oliva, y en representación de los Funcionarios de la Policía Local de La Oliva, denuncian la intromisión en sus funciones, desde hace años, por parte de los Agentes de la Guardia Civil de la Agrupación de Tráfico, en las vías urbanas del Municipio, a la hora de realizar todo tipo de controles, incluidos los de radar, y sancionar a los conductores por supuestas infracciones de tráfico en el casco urbano.
Los representantes
sindicales afirman tajantemente
que la Guardia Civil de Tráfico, no
debe sancionar y menos hacer controles, dentro del casco urbano ni en las vías de titularidad municipal, función que la ley deja claro que pertenece a la Policía Local en los municipios
en
los que existe.
SIP Y UGT, denuncian, que dichas sanciones
de la Guardia Civil de Tráfico observadas
en
las vías urbanas, a través de
los controles que llevan a cabo, las están remitiendo a la
Jefatura
Provincial de Tráfico, denuncias cuya competencia sancionadora corresponde al Ayuntamiento
de La Oliva, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Seguridad Vial.
Así ocurre con las infracciones detectadas
y
denunciadas
en la
localidad
de
Corralejo, concretamente en
la Avenida Corralejo Grandes Playas, en la glorieta ubicada en la Avenida Pedro y Guy de Vandaele, entre otras, así como en las diferentes travesías del Municipio con denominación de vías urbanas y con letreros de Tramo Urbano, cuya competencia sancionadora
corresponde al
Ayuntamiento y sin embargo
se están tramitando a la Jefatura Provincial de Tráfico que carece de competencia para sancionar, en dichas vías.
Por todo ello, exigimos
que la Guardia Civil de Tráfico, asuma las funciones que la legislación vigente les encomienda y especialmente el artículo 5 de la LEY SOBRE TRÁFICO,
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL, y que se dejen de ejercer funciones que no le son propias, denunciando
en
“vías urbanas y poniendo en las denuncias que ha sido en carretera”, perjudicando
gravemente los intereses de los ciudadanos,
todo
ello por un “afán recaudatorio sin límites” y para subir las “estadísticas”, donde se puede apreciar sin lugar a dudas, “un exceso de celo”.
Dichos sindicatos defienden
que no todo es válido en el campo de la seguridad vial y que es
imprescindible respetar las
competencias
de cada una de
las
instituciones, entre
ellas la
autonomía y competencias
municipales y las funciones asignadas a los distintos cuerpos de
seguridad.
Por todo lo anteriormente mencionado, a pesar de
las reclamaciones y quejas verbales y otras por escrito, efectuadas por estos Sindicatos hasta la fecha, no han servido para poner fin a esta
invasión de competencias, por lo
que
si
no se reconduce
la situación respetando las competencias exclusivas de este Cuerpo Policial, según la legislación
vigente
que
se
les
encomienda y especialmente
el artículo 7 de la LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN
DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL, se veran obligados a ponerlo en
conocimiento de los ciudadanos, a través de los distintos medios
de comunicación, así como a ejercer las denuncias correspondientes
ante los diferentes Organismos competentes como
pueden ser entre otros, el Diputado del Común
en
Canarias, Ayuntamiento de La Oliva, Jefatura de Trafico de
Las Palmas y el Órgano Jurisdiccional Contencioso Administrativo.
