Fuerteventura.- Pedro Hernández: “Ni Repsol ni el Ministerio quieren decir dónde y cuánto tributaron por la venta del 50% de las acciones de las prospecciones Canarias”
18 de octubre de 2013 (14:19 h.)
- El portavoz de El Guincho señaló que “estamos ante el que probablemente sea el debate social más importante de Canarias en los últimos 500 años”,
Después de casi dos décadas estudiando y
siguiendo el proyecto de perforaciones petrolíferas en las costas de
Fuerteventura y Lanzarote, Pedro Hernández (colectivo ecologista El
Guincho) resumió ayer que “estamos ante el que probablemente sea el debate
social más importante de Canarias en los últimos 500 años”, y apuntó
que además de los aspectos ambientales y económicos “encaramos un
problema democrático de mucha entidad”, al referirse a cómo los
intereses empresariales de una multinacional petrolera son más valorados
por el Gobierno de España que la opinión de las instituciones democráticas
canarias.
Pedro Hernández participó ayer en la XIII Conferencia Atlántica
de Medio Ambiente con la ponencia “Proceso jurídico-administrativo
de las prospecciones petrolíferas en aguas de Lanzarote y Fuerteventura”.
Pedro Hernández recordó que la lucha contra estos proyectos
comenzó desde el 2000, “pero en este último tramo, desde 2012
es cuando se ha acelerado más que nunca”. Se refirió a la etapa
del gobierno de Zapatero “en la que se alcanzó un acuerdo con el
Gobierno de España por el que se garantizó que no se autorizarían
las prospecciones sin que existiera consenso social y políticos.
Algo
que desde 2012 no se ha respetado”.
Explicó además que ya desde el 2001 existían informes en el expediente
que alertaban sobre los problemas sobre la jurisdicción marina en esta
zona y la afección al ecosistema marino, la pesca, etc. Además de
una protesta formal de Marruecos.
Pedro Hernández destacó el trabajo de oposición y denuncia que
en esa época desarrollaron Enrique Pérez Parrilla, desde el Cabildo
de Lanzarote, y el fallecido Andrés Valerón, desde el Cabildo de Fuerteventura.
Y advirtió cómo tras la primear sentencia del Tribunal Supremo anulando
el proyecto el 10 de marzo de 2004, “y con el gobierno ya cesante
porque había perdido las elecciones el 14 de marzo, aún así se dieron
instrucciones desde el Ministerio a Repsol sobre lo que tenía que aportar
como documentación ante esta sentencia”.
El ponente explicó que Repsol ya ha ganado dinero en canarias
gracias a estas autorizaciones y cuestionó ¿por qué ni
el Ministerio ni Repsol nos quieren decir a cuánto vendieron en 2003
el 50% de las acciones de este proyecto? Y lo que es más importante
aún ¿dónde tributaron por los beneficios de esa venta? ¿fue en España
o en algún paraíso fiscal?”.
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