El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera, considera que la
noticia de que la Fiscalía de
Castellón considera que los Ministerios de Industria (con José Manuel Soria) y
Medio Ambiente (con Miguel Arias Cañete)
del Gobierno de España cometieron dos presuntos delitos de prevaricación
medioambiental y contra el medio ambiente en la tramitación de la concesión del proyecto Castor, el almacén subterráneo de gas ubicado frente a las
costas de Castellón y Tarragona, "es un argumento más para que la
multinacional petrolera Repsol vaya recogiendo anclas y sacando al Rowan de las
aguas canarias cuanto antes. Hoy mejor que mañana".
Mario Cabrera
recuerda que el proyecto Castor contaba con todas las autorizaciones y permisos
ambientales necesarios por el Gobierno de España, "exactamente la misma
tramitación que hicieron con la petrolera en Canarias. En el Mediterráneo los
técnicos independientes advirtieron del peligro y el Gobierno siguió para
delante sin hacer caso. En Canarias todo el mundo está advirtiendo del peligro,
y de nuevo el Gobierno de España ha tirado para delante".
"No quiero
pensar – añadió Mario Cabrera—que en Canarias estén buscando lo mismo: justificar el
abandono de la actividad por la empresa y luego pedir una indemnización
multimillonaria al Estado. Un negocio redondo".
Cabe recordar
que la Fiscalía de Castellón abrió la denuncia por Castor el 3 de octubre de 2013,
tras registrarse 512 microseísmos en la zona. Hubo que esperar hasta el 4 de
octubre de 2014 para que la investigación culminara tras una prórroga de seis
meses. Casualmente, justo un día antes de la finalización de la investigación el Consejo de Ministros aprobó
una indemnización de 1.350 millones de euros a las empresas propietarias de
Castor.
Expertos internacionales
Richard Steiner, profesor de la Universidad de Alaska hasta 2010,
especialista en conservación marina y asesor de una decena de países en materia
de perforaciones en mar abierto, ha informado reiteradamente sobre el riesgo
que corren las aguas de Fuerteventuta y Lanzarote con el proyecto de Repsol y la
Declaración de Impacto Ambiental que el Gobierno de España aprobó el 29 de
mayo).
Steiner explica que las condiciones impuestas en el proyecto de las Islas
Canarias a la perforación de Repsol por el Gobierno de España “son de hecho tan
rudimentarias” que “el proyecto sigue siendo demasiado arriesgado”. Y advierte
que los requisitos ahora conocidos son “terriblemente insuficientes”.
“Todo el mundo debe entender que un proyecto de perforación exploratoria
en aguas profundas es extremadamente peligroso. Plantea un alto riesgo de una
explosión catastrófica. Un reventón de este tipo pondría en peligro todo lo que
define las Islas Canarias: medio ambiente, la cultura y la economía. Hemos
aprendido esta lección de la manera más difícil en los EE.UU., con el desastre
de BP Deepwater Horizont en 2010”, recuerda el especialista canadiense.
Tras haber estudiado la documentación facilitada por Repsol y conocer la
Declaración de Impacto Ambiental, Steiner señaló que “tenía la esperanza de que
el Gobierno de España apreciaría la enormidad del riesgo de la propuesta de
perforación de Repsol”. Pero “dadas las condiciones mínimas que el Gobierno
está poniendo al proyecto, el Gobierno está al parecer dispuesto a colocar las
Islas Canarias en riesgo de un derrame de petróleo catastrófico. Esto parece
muy irresponsable, incluso por negligencia grave, y podría ser un error
trágico”, advierte.
En este mismo sentido hay que recordar que el DIA desliga el riesgo de
accidentes del proyecto y no establecen medidas obligatorias, sino meras
recomendaciones.
De hecho, el propio texto de la DIA dice textualmente "En relación
con el análisis de los sucesos accidentales descrito en el apartado B, para su
consideración en la autorización sustantiva del proyecto, se ha estimado el
riesgo ambiental para el archipiélago canario, suponiendo un caudal de blowout
de 3.000 bbl/día que sin la aplicación de las medidas de lucha contra la
contaminación, podría tener unas consecuencias que el promotor ha estimado en
el estudio de impacto ambiental y adendas"
Es asombroso que el Ministerio de Medio Ambiente no se pronuncie y no
evalúe el riesgo que supone el proyecto, tal y como exige la legislación. Sólo
se remite a lo dicho por el promotor. El órgano ambiental debe pronunciarse
sobre el riesgo y debe adoptar medidas a cumplir por el promotor y no elaborar
meras recomendaciones, como es el caso aquí.
Richard Steiner es catedrático de Ciencias Marinas por la Universidad de
Alaska, donde impartió docencia durante 30 años (1980-2010 ). Tuvo un papel
destacado en las acciones de respuesta ante el derrame del Exxon Valdez (1989)
e igualmente ha intervenido en relación con otros accidentes petrolíferos como
el de Deepwater Horizont (2010). Ha trabajado también en relación con
perforaciones petrolíferas y medidas de seguridad ambiental en Pakistan, China,
Rusia, Líbano, Nigeria, Shetland, central Asia, and the Gulf of Mexico.
Actualmente está considerado como un especialista de referencia a nivel internacional
en torno a la peligrosidad de las perforaciones en aguas profundas.
Steiner ya recomendó en las alegaciones a la DIA de Repsol presentadas en
septiembre de 2013 que se evaluarán riesgos por un derrame accidental de 30.000
barriles diarios de petróleo, frente a los 1.000 que proponía el documento de
Repsol. Sin embargo, el Gobierno de España se conformó con pedir a Repsol que
ampliará los cálculos para sólo 3.000 barriles diario, diez veces menos que lo
recomendado por Steiner.
Richard Steiner también participó a comienzos de 2014 en la gestiones
realizadas por varios ciudadanos de Fuerteventura y Lanzarote ante la Comisión
de Peticiones del Parlamento Europeo, consiguiendo que éste mantuviera abierta
una queja ciudadana (y la subsiguiente investigación) sobre las prospecciones
petrolíferas en Canarias, pese a los intentos del grupo popular por cerrarla.
Los argumentos expuestos fueron de tal contundencia que el propio grupo popular
europeo varió su opinión y aceptó mantener abierta la queja ciudadana,
acordándose entonces por unanimidad.
