Los
grupos popular y mixto (PSOE, AMF Y PPM) piden un pleno extraordinario para que
el Alcalde de cuenta sobre las sentencias que afectan al Centro Comercial
20 de junio de 2014. Este lunes 23 de junio se celebra en
el Ayuntamiento de Puerto del Rosario el pleno extraordinario solicitado por
todos los grupos de la oposición, Partido Popular y el grupo mixto (PSOE, AMF Y
PPM) convocado para conocer cuál es la situación del expediente relativo al
Centro Comercial después de que un nuevo auto del TSJC diera al Alcalde un
plazo máximo de 60 días para presentar el proyecto de derribo de parte de la
infraestructura con el objetivo de dar cumplimiento a la sentencia del año 2007
que declaró nula la licencia municipal, el estudio de detalle y el proyecto de
urbanización.
El
portavoz del Grupo Popular, Carlos Figueroa, entiende que "desde hace 7
años el Alcalde ha estado evadiendo su responsabilidad. El concedió la
licencia, el ha sido Alcalde cuando se recibió la sentencia hace 7 años y, en
ningún momento ha informado al pleno de estos procedimientos judiciales en los
que está en curso el municipio de Puerto del Rosario".
"La
oposición no puede enterarse por la calle que el Ayuntamiento va a ser
hipotecado por el silencio del Alcalde ya que la sala no sólo está pidiendo que
se ejecute la sentencia de 2007 sino que además rechaza la propuesta de
convenio que se recoge en el Plan General de Ordenación que actualmente está en
revisión porque no se puede regularizar una situación que cuenta con una
sentencia firme".
Los
populares entienden que no es una decisión fácil de tomar pero "la callada
por respuesta no es la solución. Se debe informar a todos los grupos y también
a los ciudadanos de Puerto del Rosario, comerciantes y familias qué va a pasar
con el Centro Comercial".
En
el año 2007, el TSJC dictaminó dos sentencias en contra de esta estructura. La
primera de las dos sentencias anula la concesión de la licencia municipal por
parte del Ayuntamiento de Puerto del Rosario del proyecto básico de
construcción de un centro comercial.
Contra
esta resolución, el consistorio presidido por el actual Alcalde presentó un
recurso de apelación ante el Tribunal
Supremo que es desestimado condenando al Ayuntamiento y a todos los vecinos a
pagar las costas del pleito judicial.
"La
segunda de las sentencias del TSJC declara ilegal el artículo 115.5 del Plan
General en vigor que data de 1989. Dicho artículo permite un aumento de la
edificabilidad en el estudio de detalle pero contraviene el Texto Refundido de
Las Leyes del Territorio de Canarias. En este sentido, el Ayuntamiento aprobó
en su día aumentar el volumen de construcción y ahora la sentencia lo que viene
a decir es que se excede la edificabilidad permitida".
Por
este motivo, el auto fija un plazo de 60 días para que el Alcalde presente un
proyecto de demolición advirtiéndole de una sanción de 1.500 euros y
responsabilidad penal si no la acata. "1.500 euros diarios que pagaremos
todos los vecinos", subraya Figueroa.
"El
PP y el grupo mixto hemos solicitado este pleno para recabar más información
sobre el procedimiento judicial que se ha seguido a espaldas de los vecinos y
de los concejales que componemos el pleno de la corporación".
"Reprobamos
la actitud del Alcalde oscura y sin transparencia. Queremos saber cuánto nos va
a costar la nefasta gestión urbanística CC en Puerto del Rosario y también qué
va a hacer el Alcalde con este nuevo auto".
