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53.000
familias podrían beneficiarse de esta iniciativa si se modifica la Ley que
permita regular el sector
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Según ASCAV,
este tipo de alojamientos dan empleo a miles de canarios y generan beneficios
superiores a los mil millones de euros
25 de junio de 2014. La portavoz del Grupo Popular en el Cabildo de
Fuerteventura, Águeda Montelongo, ha recabado el apoyo de todos los grupos que
componen el pleno de la corporación para instar al Gobierno de Canarias a que
modifique la Ley de Turismo de Canarias con el objetivo de regular los
alquileres vacaciones en el Archipiélago porque "53.000 familias canarias
dependen de este sector que es una oportunidad real para crear riqueza y empleo".
En el año 2013, el
Ministerio de Fomento modificó la Ley 4/2013 de Medidas de Flexibilización y
Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas, de 4 de junio de 2013, que
cambia sustancialmente la Ley de Arrendamientos Urbanos y que deja en manos de
las Comunidades Autónomas regular el alquiler de viviendas vacacionales.
"Depende ahora del
Ejecutivo Canario decidir si se regula esta actividad que puede beneficiar al
sector turístico y a la propia administración local. Este tipo de alojamiento
turístico no es ilegal. Los cambios normativos las han dejado en un limbo
jurídico y necesitan de un marco regulatorio al que acogerse. Canarias debe
definir qué es un alquiler vacacional, qué tributos paga y en qué condiciones
se oferta al turista que lo demanda para ganar en calidad", aseguró
Montelongo durante el trascurso de la sesión plenaria.
Montelongo entiende que
"el Cabildo de Fuerteventura no puede permanecer ajeno a esta realidad. En
la isla existe un 33% de paro y la regulación de este sector puede beneficiar a
muchas familias".
Según los datos que baraja la plataforma
que pide la regulación de este sector, ASCAV, este segmento turístico generó en
Canarias beneficios superiores a los mil millones de euros.
Según Frontur dependiente del Instituto de
Turismo de España, se estima que el 10,8%
de los turistas que vienen a Canarias se alojan en Viviendas Vacacionales, lo que
se traduce en cerca de 1.300.000 euros
y cerca de 200.000 puestos de
trabajo.
"Beneficios que se
quedan íntegramente en Fuerteventura porque van destinados al pago de la
estancia y a otros servicios a los que no tienen acceso en otro tipo de
paquetes turísticos, como restaurantes, lavanderías, coches, supermercados o el
propio sector del taxi".
"Fuerteventura debe posicionarse
y empujar al Gobierno de Canarias en la misma dirección porque esta regulación
beneficia a todos. Beneficia al cliente que lo demanda, a la Comunidad que
recauda impuestos y a las PYMES relacionadas con el sector servicios de
Fuerteventura".
