- El grupo de gobierno considera
que esta medida “condenaría” a la población del municipio a “pagar más
impuestos a medio y largo plazo”
- La subida de los valores
catastrales también afectaría a otros impuestos, como el IRPF, el de
transmisiones patrimoniales, el de donaciones y sucesiones y el de plusvalía
El pleno del Ayuntamiento de Antigua ha
rechazado hoy una propuesta de los concejales Juan Cabrera Peña, Deborah Carol
Edgington y Óscar Rodríguez Carballo en la que se solicitaba bajar los tipos de
gravamen del IBI mediante la subida de los valores catastrales, con la
finalidad de amortiguar la presión fiscal a los vecinos del municipio. La
iniciativa contó con la abstención de CLAN y PLDA y el rechazo del grupo de
gobierno, que solicitó en varias ocasiones su retirada ante las “consecuencias
negativas” para la población, “que estaría condenada a pagar más impuestos a
medio y largo plazo”.
El Real
Decreto 20/2011, de 30 de
diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y
financiera para la corrección del déficit público, estableció que los tipos de gravamen de IBI urbanos se
incrementaran para los periodos impositivos 2012 y 2013, de modo que en el caso
de Antigua alcanzaron el 0,50 en 2012 y el 0,60 en 2013. Esta medida fue
prorrogada para los ejercicios 2014 y 2015 en virtud de la Ley 16/2013, de 29
de octubre, si bien el Gobierno del Estado dio la opción a los ayuntamientos de
aplicar el incremento o actualizar los valores catastrales. Las dos iniciativas
no son compatibles.
La
alcaldesa de Antigua, Genara Ruiz, dijo que optar por la subida de los valores
catastrales es una “trampa” en la que “no podemos caer”. En este sentido, señaló
que “la medida perjudicaría a la ciudadanía en los próximos años”, ya que el
incremento de los valores catastrales “se aplicaría sin excepción alguna a
todos los bienes inmuebles del municipio, aumentando la carga fiscal en la
actual coyuntura económica”.
“Dado
que la entrada en vigor de la ponencia de valores de Antigua fue el año 2001,
el coeficiente de actualización del valor catastral aplicable sería el 1,10
anual, lo que se traduciría en una subida del 10% en la cuota que los
ciudadanos tendrían que pagar a medio y largo plazo. Por ello nos oponemos a
esta iniciativa, pues no bajará la presión fiscal en este municipio. Hay que
ser realistas, coherentes y tener visión de futuro”, dijo el primer teniente de
alcalde, David Alberto, quien se dirigió en dos ocasiones al concejal de LDC,
Juan Cabrera, para que retirara la moción.
El
portavoz de Coalición Canaria, Isidoro
Hernández dijo que la propuesta de incrementar los valores catastrales “supondría
un ahorro para los ciudadanos en el IBI del ejercicio 2015, pero se les estaría
condenando a consolidar una subida en los recibos a partir de 2016, cuando
finalicen las medidas transitorias del Ejecutivo central”.
Igualmente,
precisó que se “condenaría” a la población del municipio por los efectos
colaterales en otros impuestos que se basan en el dato del valor catastral,
como el IRPF, el de transmisiones patrimoniales, el de donaciones y sucesiones
y el de plusvalía”, según se escrito de la Asociación Española de Asesores
Fiscales. Precisamente, Genara Ruiz dijo que un total de 750 plusvalías se han
tramitado a través del Ayuntamiento, de las que 175 corresponden a los tres
primeros meses del año.
Como
las dos normas relacionadas con el IBI tienen carácter transitorio y
excepcional, y como tampoco se puede atisbar si el Gobierno del Estado
establece más prórrogas al incremento de los tipos o si la corporación local
cambia la ordenanza fiscal reguladora, el 1 de enero de 2016 se volvería al
tipo del 2011, es decir, al 0,45, el mismo que existía antes de la aplicación
del decreto del Ejecutivo central.
Pleno de 2013
El Ayuntamiento de Antigua aprobó
el 28 de febrero de 2013 no solicitar a la Dirección General del Catastro la
aplicación de los coeficientes de revisión de los valores catastrales de los
bienes inmuebles urbanos del término municipal, prevista en la Ley 16/2012, de
27 de diciembre, que modifica el artículo 32 del texto refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario.
El pleno extraordinario y urgente
celebrado en esa fecha respaldó por unanimidad la propuesta de no acogerse a
esta medida, porque consideró que la revisión catastral “coincidiría con la
subida de los tipos de gravamen para el año 2013, suponiendo un esfuerzo fiscal
difícil de asumir por la ciudadanía en la actual situación de crisis”.
La modificación del artículo 32
de la ley del catastro reflejaba en su segundo apartado que las leyes de
presupuestos generales podrán actualizar los valores catastrales de los
inmuebles urbanos por aplicación de coeficientes en función del año de entrada
en vigor de la correspondiente ponencia de valores del municipio, que en
Antigua data de 2001.
