Fuerteventura.- El pleno de La Oliva reitera su oposición de las prospecciones, denuncia la deslealtad del Estado y exige un referéndum
04 de junio de 2014 (20:33 h.)
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El Ayuntamiento
expresa su apoyo a las concentraciones que se celebrarán el próximo sábado en
todas las Islas
La Oliva, a 4 de junio de 2014. El pleno Ayuntamiento de La Oliva aprobó hoy una
moción presentada por los partidos que integran el grupo de gobierno –Coalición
Canaria y Nueva Canarias- en la que reitera su oposición a las prospecciones
petrolíferas en aguas canarias, denuncia la deslealtad del Gobierno del Estado
en la tramitación del expediente de impacto ambiental y reclama que se autorice
un referéndum para que los ciudadanos puedan pronunciarse sobre las mismas.
La
iniciativa contó con el apoyo de 19 de los 21 concejales del pleno de la
corporación, con la única oposición de los dos ediles del Partido Popular. El
resto de los grupos apoyaron la misma: CC, NC, Partido Progresista Majorero y
PSC-PSOE.
El
acuerdo aprobado por el pleno del Ayuntamiento manifiesta su oposición “a las
autorizaciones del Gobierno del Estado a la multinacional Repsol en aguas
canarias situadas frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura para la
realización de sondeos petrolíferos”.
El
pleno denuncia “la opacidad y la falta de transparencia del Gobierno del Estado
en la tramitación de todo el expediente. Los ciudadanos y las Administraciones
que presentaron alegaciones a la declaración de impacto ambiental no han podido
conocer toda la abundante y trascendental documentación que Repsol ha ido
aportando al expediente a instancias del propio Ministerio de Medio Ambiente;
documentación que no existía hasta después del trámite de información pública,
cuando la normativa europea y la estatal obligan a poner otra vez a disposición
del público cualquier documentación nueva”.
Se
denuncia, igualmente, la “deslealtad y falta de respeto del Gobierno del Estado
a los canarios y a sus instituciones. Ni el Ministerio de Industria ni el
Ministerio de Ambiente han atendido las peticiones de diálogo planteadas por
las administraciones canarias ni han tenido en cuenta los pronunciamientos en
contra del Gobierno de Canarias, el Parlamento de Canarias, así como la mayoría
de los Cabildos y los Ayuntamientos del Archipiélago”.
El
Ayuntamiento de La Oliva exige al Gobierno del Estado “que antes de que se
autoricen definitivamente las prospecciones, apruebe la celebración de la
consulta solicitada por el Gobierno de Canarias, previa autorización del
Parlamento, para que sean los ciudadanos los que decidan, vía referéndum, sobre
esta cuestión de extraordinaria trascendencia política para las generaciones presentes
y futuras de Canarias”.
La
corporación expresa, además, su apoyo a las concentraciones que se celebrarán
el próximo sábado, día 7, a partir de las 18:00 horas, en todo el Archipiélago.
En
la argumentación de la moción, se explican los incumplimientos del Ministerio
de Industria y la propia compañía en el expediente y el informe de impacto,
puestos en evidencia en las alegaciones de entidades públicas, ambientalistas y
científicas. Pese a ello, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente emitió el pasado día 29 de mayo un dictamen positivo de impacto
ambiental por el que autoriza a Repsol a realizar los sondeos petrolíferos. Sin
embargo, tan solo 24 horas después, el mismo Ministerio desbloqueó la
tramitación para la declaración de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)
frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote. Cabe recordar que las
cuadrículas autorizadas a Repsol coinciden en casi un 80% con el área del LIC
marino cuya tramitación estaba paralizada hasta la semana pasada.
El
rechazo social e institucional se ha incrementando por la intransigencia del Ministerio
y de Repsol a cumplir escrupulosamente con la normativa medioambiental y a
tener en cuenta las miles de alegaciones por la afección al medio ambiente y al
modelo económico turístico.
Ante
esas posiciones irreconciliables, el Gobierno de Canarias previa autorización
del Parlamento, ha solicitado autorización para que sean
los ciudadanos los que decidan, vía referéndum, sobre esta cuestión de
extraordinaria trascendencia política para las generaciones presentes y futuras
de Canarias.