La propuesta fue presentada ayer en la sesión
plenaria extraordinaria celebrada con el
consenso de todos los grupos de la oposición para que el ayuntamiento negocie paralice
los casos presentados y la oposición analice el contenido del convenio entre
Gesturpa y Lopesán.
Martes 11 de marzo de 2014, Pájara. El
Ayuntamiento de Pájara celebró por
unanimidad de la oposición un pleno extraordinario a fin de analizar la actual
situación de desahucios de las viviendas de Gesturpa en Morro jable. Así, en el
pleno de ayer el grupo Popular manifestó que Gesturpa debe continuar siendo una
cooperativa que facilite arrendamientos asequibles a los vecinos con menos
recursos “tal y como venía realizando en un principio y que cambió cuando
abandonó el formato cooperativa, dejó de abaratar viviendas y degeneró en la
situación actual, en la que es habitual ofertar alquileres sociales entre 400 y
600 euros”.
Ante esta
situación, el grupo municipal popular prevé analizar el Convenio suscrito entre
Lopesan y Gesturpa y presiónará hasta
conseguirlo de forma decisiva “no es habitual que a día de hoy
desconozcamos las clausulas y los acuerdos suscritos entre ambas entidades y
tengamos que llegar a una situación tan difícil para reclamarlo”, sentenció el
Presidente del grupo municipal popular, Domingo Pérez.
El portavoz del
PP, Domingo Pérez, recordó en el pleno de ayer que desde que se celebró
la anterior sesión plenaria se seguirán produciendo nuevos desahucios en Pájara que contradicen
las buenas palabras del alcalde, Rafael Perdomo, y lamentó la falta
de ayudas a los afectados en 2013. Por ello, Domingo Pérez solicita la
paralización inmediata de los expedientes de desahucio y pide a la empresa
Gesturpa una prórroga de dos años en el derecho de compra venta de la vivienda
“dado que en 2011 y 2012 había muchos vecinos que no contaban con los recursos
necesarios y perdieron toda oportunidad de adquirir la vivienda en la que
continúan residiendo pero sin opciones”.
El portavoz del
PP aclaró que el grupo municipal no se detendrá hasta conseguir el Convenio y
las medidas planteadas “el trabajo de la oposición sirve para obligar al
gobierno municipal a velar por los ciudadanos y aplicar una serie de medidas
que colaboran en la cobertura de las necesidades básicas, en prevenir los
desahucios y en paliar el daño a las familias que puedan verse desalojadas,
destacando la labor informativa, apoyo y asesoría jurídica preventiva que desde
el área social del ayuntamiento se debe realizar”.
Pérez advirtió
de que "las buenas palabras no sirven de nada sino van acompañadas de
acciones contundentes", por lo que ha recordado que "el alcalde Rafael
Perdomo debe destinar recursos económicos a personas en situación de desahucio
o a colectivos desfavorecidos".
Según Domingo
Pérez, “estos efectos dramáticos que se concretan en el ámbito municipal, al
ser la administración más cercana a la ciudadanía y donde en el actual contexto
de crisis los recursos son más escasos que nunca, se multiplican las peticiones
de ayuda, no contando en muchos casos con la colaboración de otras
administraciones insulares que permitan garantizar la cobertura a estas justas
demandas de familias afectadas”.
La propuesta de
la oposición popular pretende visualizar el apoyo institucional a las familias
que por causas sobrevenidas deben enfrentarse a la pérdida de la vivienda
habitual y asegurar
que "ninguna familia se quede en la calle".
