- El Cabildo reclama toda la información y advierte de su oposición a cualquier actividad que limite el acceso libre y los usos tradicionales
9
de agosto de 2014
El
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través
de la Demarcación de Costas de Canarias, ha autorizado la actividad
de visitas guiadas en las cuevas de Ajuy a una empresa privada, según
se desprende de una comunicación remitida con fines informativos
desde el Ministerio al Cabildo de Fuerteventura.
Esta
comunicación detalla que Costas ha decidido autorizar con fecha 30
de julio de 2014 <<la ocupación del dominio público
marítimo-terrestre con la visita guiada y controlada del espacio
comprendido en el ámbito del Monumento Natural de Ajuy>>, en
Pájara. El plazo de la autorización es de un año a partir de la
notificación de la resolución. Al titular de la autorización se le
exige, previamente a la ejecución de las obras, abonar al tesoro
Público una tasa de canon por ocupación y aprovechamiento del
dominio público marítimo-terrestre (1.343 euros anuales). Todo
ello, teniendo en cuenta que el terreno ocupado será de 120 m2.
Según consta en el escrito, la solicitud se presentó en Costas en
noviembre del pasado año.
El
entorno de las cuevas de Ajuy
tiene las siguientes consideraciones: Espacio Natural Protegido, Zona
Especial de Protección Para las Aves, Área de sensibilidad
ecológica, Dominio Público Marítimo Terrestre y Zona de tránsito
de seis metros a partir del Dominio Público Marítimo Terrestre.
“Pero sobre todo es un área por la que transitan desde hace muchas
décadas vecinos y visitantes, con un importante valor social y
patrimonial que debemos respetar, y en la que difícilmente se
justifica la limitación del libre tránsito y el cobro de entradas”,
consideró el presidente del Cabildo, Mario Cabrera.
De
cualquier forma, las actividades a desarrollar, además de la
concesión de Costas, requieren de proyecto o documentación física
relativa, Estudio de impacto ambiental por ser un área de
sensibilidad Ecológica, Informe de compatibilidad con espacio
natural, licencia de actividad económica, etc.
Nada
más recibir la comunicación, el Cabildo de Fuerteventura, en
coordinación con el Ayuntamiento de Pájara, se dirigió por escrito
al Ministerio reclamando toda la información relacionada con esta
resolución, los requisitos, condiciones particulares, terreno a
ocupar, posibles instalaciones y obras, etc., a fin de poder actuar
en consecuencia.
“Aún
no hemos recibido la respuesta del Ministerio con la información
solicitada, pero es cuanto menos preocupante que se actúe de esta
forma, sin consultar previamente a los afectados. Más aún sabiendo
los problemas que se han generado con los precedentes recientes de
este tipo de actividades en el entorno de las cuevas de Ajuy.
Queremos esperar a tener toda la información, pero si se trata del
mismo tipo de actuación que el año pasado, volveremos a actuar”,
adelantó el presidente del Cabildo de Fuerteventura.
Un
año después
Hace
poco más de un año, el
pasado 1 de julio de 2013, los Agentes de Medio Ambiente del Cabildo
de Fuerteventura remitieron a Costas varias denuncias relativas a la
ocupación y utilización irregular del dominio público marítimo
terrestre por una empresa que impedía el libre acceso a las Cuevas
de Ajuy, cobrando entadas a los visitantes.
Todo
ello, atendiendo a que la propia Ley de Costas establece que “la
utilización del dominio público marítimo-terrestre será libre,
pública y gratuita para los usos comunes acordes con la naturaleza
de aquel” salvo que hubiera existido una concesión de uso.
Concesión que en 2013 no existía.
Se
advertía que ante tales denuncias y visto que la parte denunciada no
aporta justificación para su actuación, Costas debía proceder al
precintado de las obras o instalaciones. Y que además para hacer
efectiva esta paralización, prohibición o suspensión, así como
para la recuperación de oficio del dominio público, Costas podía
recurrir si era necesario a la colaboración de la fuerza pública.
Ante
la falta de respuesta por parte del Ministerio el Cabildo optó el 15
de julio de 2013 por trasladar la información a la Fiscalía de
Medio Ambiente de Canarias, tras lo que finalmente se suspendió la
actividad y ya se pudo de nuevo a volver a acceder libremente a la
zona.
