La reciente sentencia del
Tribunal Supremo, que revoca otra anterior del TSJC que anulaba el Ere del
Ayuntamiento, ha supuesto un duro golpe para el colectivo de trabajadores
laborales de esta Institución.
Desde el inicio del
procedimiento, en el año 2012, la prioridad absoluta de este Comité ha sido la
estabilidad laboral y la preservación de los puestos de trabajo. Para ello,
abrimos varias vías de negociación con la Empresa que resultaron siempre infructuosas dada
la nula voluntad del Grupo de Gobierno de llegar a ningún tipo de acuerdos.
Si en aquellas fechas no veíamos
la necesidad de un Ere, a día de hoy, consideramos que la argumentación
económica se sostiene aún menos. Durante los dos últimos años se han producido cerca
de una treintena de bajas de trabajadores mediante jubilaciones y acuerdos
negociados, con lo cual la plantilla ha disminuido considerablemente. Llevar a
cabo el Ere, supondría un notable daño personal, y una merma importante en los
servicios que se prestan a la ciudadanía al quedar casi desmantelados algunos
departamentos municipales que actualmente ya estaban trabajando con precariedad
de recursos humanos.
Mientras el Grupo de Gobierno
plantea llevar a cabo esta regulación de empleo, comprobamos como en el
presente ejercicio han aumentado las partidas de sueldos de los concejales y se
mantienen todos los cargos de confianza, entre otras contradicciones, que
desmontan el argumento de una situación económico-financiera muy grave.
En todo el proceso, el diálogo
social ha brillado por su ausencia. El último episodio ha sido una entrevista a
la alcaldesa, el día ayer, en un medio de comunicación insular, dónde anuncia
sus intenciones antes de comunicarlas a los 41 trabajadores afectados y a sus
representantes sindicales. Desde el Comité de Empresa consideramos que las
formas, una vez mas, han sido lamentables.
Por todo ello, consideramos que
el Grupo de Gobierno debiera recapacitar y estudiar la nueva situación que se
generaría si ejecuta la sentencia. En tal caso, no sólo se vería afectada la
economía municipal por las indemnizaciones que debe afrontar, sino también la
prestación de servicios públicos, que quedarían descubiertos. No obstante, si
se producen los despidos, el Comité de Empresa continuará con su lucha para
mantener los puestos de trabajo, utilizando todas las vías a nuestro alcance,
jurídicas y sindicales.
