El Pleno del Cabildo de Fuerteventura acordó esta mañana (con los votos a favor del grupo de Gobierno PSOE y CC y del grupo PPM, la abstención del grupo Mixto AMF y el voto en contra del grupo PP), impugnar ante los tribunales competentes la instauración de canon o tasa por préstamo de libros en bibliotecas públicas, por ser contrario a los principios básicos que rigen el funcionamiento de éstas, en cuanto a la gratuidad y libre acceso de la ciudadanía a la información.
El consejero de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo, Juan Jiménez, subrayó que "es una iniciativa que se está promoviendo en todo el Estado para luchar contra esta decisión que va en contra del libre acceso a la cultura y significa un retroceso ante el que no podemos permanecer impasibles". El Cabildo de Fuerteventura es el primero en adoptar este acuerdo.
El acuerdo señala que a raíz de la entrada en vigor de una nueva ordenación del sector las bibliotecas públicas de ámbitos poblacionales de más de 5.000 habitantes tendrán que pagar dos tipos de nuevos impuestos. Uno de ellos afectará al número de obras en préstamo y otra al número de usuarios que hayan accedido a estos préstamos.
Esta nueva ordenación no tiene en cuenta que las bibliotecas públicas ya pagan derechos de autor al adquirir las obras, con lo que la implantación de este nuevo canon significará pagar dos veces por el mismo concepto.
Así, las corporaciones locales tendrán que hacer frente al pago de este nuevo canon, lo que significará una carga económica añadida que podrá poner en peligro algunas bibliotecas. Esto supondrá además que habrá menos recursos para la prestación de los servicios bibliotecarios-
Y lo peor de todo es que este canon a partir del 1 de enero de 2016 será recaudado en su totalidad por las entidades privadas de gestión de los derechos de propiedad intelectual, a las que el Ministerio encarga el pago anual a los autores, pero sin que haya garantías plenas de que los ingresos les llegue directamente . Hay dudas razonables de que se trata de un negocio privado a través de dinero público.
Es por ello que a través de este acuerdo, el Cabildo insta al Gobierno del Estado a la supresión de de dicho canon, declarando a las bibliotecas públicas exentas del pago por préstamos, atendiendo a las excepciones recogidas en la normativa europea.
También acuerda impugnar la instauración de este canon o tasa por préstamo, por ser contrario a los principios básicos que rigen el funcionamiento de las bibliotecas públicas en cuanto a gratuidad y el libre acceso de al ciudadanía a la información y la lectura.
