·
El grupo de
gobierno insiste en que las cuentas municipales continúan siendo deficitarias
· Pese al
control del gasto, la corporación debe asumir el pago de nuevas indemnizaciones
judiciales
· Recuerda
también que la nueva legislación aprobada por el Estado limita la capacidad de
las corporaciones locales
La Oliva, a 16 de septiembre de 2014. El Ayuntamiento de La Oliva presentará recurso de
casación ante el Tribunal Supremo a raíz de la sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Justicia de Canaria (TSJC) en la que declara improcedente
el despido de los 46 trabajadores municipales afectados por el Expediente de
Regulación de Empleo (ERE).
El grupo de gobierno de la corporación defiende con la
interposición del recurso que el ERE se tramitó por la difícil situación
económica heredada de la anterior legislatura y por la necesidad de sanear las
cuentas para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos, el abono
de las nóminas a los trabajadores y el cumplimiento de los pagos a proveedores
y otros compromisos como la deuda municipal y las indemnizaciones judiciales.
Desde que se inició el ERE, las cuentas municipales
han empeorado como consecuencia de las sentencias que se han dictaminado en
este mandado, que obligan a la corporación a abonar casi 20 millones de euros
más por casos judiciales abiertos en mandatos anteriores.
Pese a los esfuerzos que se han realizado para sanear
las cuentas públicas, la corporación debe afrontar forzosamente el pago de
nuevos compromisos que son ineludibles.
Por otra parte, el Gobierno del Estado ha aprobado en
esta legislatura una serie de medidas que obligan a las corporaciones locales a
garantizar la estabilidad presupuestaria y, en el caso de que no se cumplan las
mismas, el Ayuntamiento se vería abocado a una dramática situación económica
que condicionaría seriamente su futuro.
El grupo de gobierno concluye subrayando que “en este
proceso hemos actuado con seriedad y el máximo rigor, y seguiremos trabajando
para lograr el objetivo y el compromiso que nos corresponde como representantes
públicos: garantizar la continuidad de los servicios públicos y la sostenibilidad
de las cuentas municipales”.
