Ornella Chacón: "El consejero del Gobierno
de Canarias señala que la sentencia del TS contra la tramitación incompleta
de los procedimientos autonómicos, en 1994, permite hoy fórmulas que
garantizan definitivamente la protección de estos espacios"
Cabildos y Ejecutivo regional se emplazan con las
soluciones definitivas y particulares a cada caso para dentro de un
mes
4 de octubre de 2013
El Cabildo de Fuerteventura manifestó esta semana su disposición
a ayudar al Gobierno de Canarias a asegurar la viabilidad de los parques
naturales del archipiélago, en situación jurídica incierta tras la
sentencia del Tribunal Supremo (TS), que anula el Plan Rector de Uso
y Gestión (PRUG) de Jandía porque el Gobierno canario no tramitó
correctamente en su día la normativa aplicable.
Los siete cabildos se reunieron el miércoles con el consejero de
Política Territorial del Gobierno canario, Domingo Berriel. La consejera
de Ordenación del Territorio del Cabildo de Fuerteventura, Ornella
Chacón, resume que "el consejero del Gobierno de Canarias señala
que la sentencia del TS contra la tramitación incompleta de los procedimientos
autonómicos, en 1994, permite hoy fórmulas que garantizan definitivamente
la protección de estos espacios".
"La realidad jurídica y administrativa insular derivada de la
sentencia contra el procedimiento autonómico es distinta en cada isla,
por lo que un análisis positivo de la situación nos lleva plantear
un arreglo definitivo y particular para los espacios naturales de Canarias".
En el caso de Jandía, la protección cautelar está consolidada
-tras la anulación del PRUG- en el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN) incluido en el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura
(PIOF) como suelo de mayor protección ambiental, "pero no es caso
extrapolable a otras islas".
"Estamos dispuestos a ayudar al Gobierno de Canarias a dar cumplida
y eficaz solución al caso de Fuerteventura", añade Ornella Chacón,
que asistió acompañada de la consejera de Medio Ambiente, Natalia
Évora, y la jurista del cabildo majorero.
En este sentido, el consejero Berriel solicitó en la reunión la
colaboración de los cabildos para solucionar en la mayor brevedad posible
las consecuencias derivadas de la sentencia.
Si bien esa sentencia recae sobre el Gobierno de Canarias, Berriel
planteó diferentes fórmulas que, desde la instancia autonómica o
en colaboración con las insulares, permitan resolver la actual inseguridad
jurídica.
Por ejemplo, propuso que el Gobierno autonómico y los cabildos elaboraran
una revisión parcial de los PIO-PORN que tenga como único objetivo
estudiar los valores de los espacios naturales.
La propuesta generó un interesante debate en el que los cabildos
señalaron diversas cuestiones y alternativas. Una de las propuestas
fue la de modificar la ley para añadir un nuevo procedimiento que resolviera
la duda que más debate genera: si los cabildos tienen o no potestad
para elaborar los PORN de los parques naturales.
Esta alternativa fue considerada de forma positiva por el Gobierno
de Canarias, si bien manifestó su preocupación por el largo plazo
que conlleva toda propuesta legislativa.
La reunión concluyó con el compromiso de todas las partes en
continuar analizando las diferentes posibilidades y, en el plazo de
un mes, acordar con cada cabildo la solución que garantice la mayor
seguridad jurídica. El objetivo es no dilatar en el tiempo las consecuencias
derivadas de la posible anulación de los PRUG del resto de los parques
naturales.
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