Canarias,
23 de octubre de 2013.- La diputada socialista Belinda Ramírez pidió hoy
al Gobierno regional que el “maltrato” del PP a Canarias no impida
ejecutar el tramo de carretera comprendido entre Caldereta y Corralejo
(Fuerteventura). En Comisión celebrada en la Cámara autonómica, dijo
esperar que el incremento presupuestario de 1,5 millones de euros en
el año 2013 para esta obra, en el marco del crédito extraordinario,
y los 3 millones de euros de devolución de anticipos de acopios permitan
que se reinicien las obras.
“No deje de exigir al Estado que cumpla con las Islas y que deje
atrás el maltrato y la mala intencionalidad política”, dijo dirigiéndose
al consejero, a quien trasladó el apoyo del Grupo Socialista en sus
exigencias al Estado.
Ramírez recordó que la ejecución del eje norte-sur de Fuerteventura
“ya ha sido tratada en numerosas ocasiones en esta Cámara por ser
una infraestructura prioritaria, necesaria y urgente, ya que es una
injusticia para los ciudadanos de Fuerteventura el tener que soportar
los inconvenientes derivados de no contar aún con una carretera en
condiciones y que se sufren diariamente en desplazamientos tan importantes
como acudir al trabajo, al hospital o a los puertos y aeropuerto”.
Respecto a este tramo, subrayó que al continuar en obras “supone
un riesgo para la circulación, y precisamente por ello urge su finalización,
de manera que se garanticen unos niveles óptimos de seguridad en los
desplazamientos”. Señaló que en algunas zonas, como el tramo de
la urbanización de Tamaragua, ya ha habido varios accidentes de tráfico,
alguno de ellos de gravedad.
En cualquier caso, continuó, “somos conscientes de la discriminación
que ha sufrido Canarias en las partidas presupuestarias del convenio
de carreteras”. Añadió que para el próximo ejercicio, en los presupuestos
estatales, “por tercera vez consecutiva y de manera incomprensible”,
el convenio de carreteras “vuelve a salir tremendamente perjudicado,
con un recorte que llega ya al 75 por ciento”. Hizo hincapié en que
las consecuencias de esta “lamentable decisión ya se aprecian, no
sólo en los problemas de seguridad en la circulación o en la destrucción
de puestos de trabajo, sino también en las dificultades para afrontar
los pagos de las certificaciones de obra ejecutada”.
Recordó que este convenio ya estaba firmado, tratándose de
un dinero comprometido en función del cual se han ido ejecutando obras
que hay que abonar. “Estamos ante una situación de extrema gravedad
debido a la insensibilidad y la crueldad que demuestra el Gobierno del
PP respecto a Canarias”, expresó.
