El Partido Socialista apoya la decisión del Ejecutivo Autonómico de sondear, a través de un referéndum, la opinión de la ciudadanía majorera en relación a las autorizaciones que el Gobierno de Rajoy otorgó a la empresa Repsol para la extracción de crudo en aguas próximas a Fuerteventura y Lanzarote.
Decisión que a su vez, "no fue
consultada ni dialogada" con ninguna de las Administraciones Públicas del
Archipiélago y que ha creado una gran contestación científica, social e
institucional por los efectos que pudiera tener una actividad de esta
naturaleza, principalmente, sobre el medio ambiente y el turismo de las
islas" declaró el Secretario General del PSOE de Fuerteventura, Blas
Acosta.
Para el Secretario General
socialista, Blas Acosta, "no puede obviarse que la autorización para realizar
las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias es una cuestión
política de enorme trascendencia" por las implicaciones que la propia
actividad en sí conlleva como "la contaminación de la costa y el mar
cercano, en la potabilización del agua ó en la afluencia turística y la
actividad económica de la que se subastece principalmente la isla "
añadió.
Implicaciones que, según palabras de
Acosta "aunque en mayor medida afectarían a las islas de La Graciosa,
Lanzarote y Fuerteventura, acabarían repercutiendo al conjunto del
Archipiélago".
Es por ello, que los socialistas
apoyan la consulta popular, vía referéndum, promovida por el Gobierno de la
Comunidad Autónoma, a fin de conocer el parecer de la ciudadanía sobre la
realización de las prospecciones ya que, "ante un asunto de enorme
trascendencia como el que nos ocupa, no podemos silenciar la voz del pueblo, ya
que más allá de formaciones políticas y Gobiernos esta decisión cambiaría de
forma drástica el modelo socioeconómico de las islas" sentenció Blas
Acosta.
Opinión que en este caso, tanto la
población de Fuerteventura y Lanzarote ya han mostrado a través de las decenas
de concentraciones y manifestaciones de rechazo y que a su vez, parece no haber
tenido ningún tipo de efecto disuasorio sobre el Ministro de Energía Soria, ni
sobre el propio presidente Rajoy, de ahí, la necesidad de consultar al pueblo
en marcos establecidos por la Ley.
