15 marzo 2012.- Más de 80 personas acudieron este miércoles a la sede del PP en Fuerteventura para escuchar de la mano de especialistas la postura de la formación sobre las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias.
“El objetivo es generar un debate serio y riguroso sobre un tema que no es de derechas ni de izquierdas si no de sentido común: si un país como el nuestro con un 80% de dependencia energética, y en el caso de Canarias con un 98%, es de sentido común saber si existen o no estos recursos en nuestras aguas”, aseguró la presidenta de los populares en Fuerteventura, Águeda Montelongo.
La ingeniera química profundizó sobre las características del lecho marino donde se pretende trabajar, los estudios que se han llevado a cabo y las posibilidades de encontrar crudo en estas zonas mientras que un Abogado, experto en Relaciones Internacionales, expuso a los asistentes La Ley del Mar y las competencias Estatales para la explotación de hidrocarburos en la Zona Económica Exclusiva, en contraposición con la Ley de Aguas Canarias.
Después de las intervenciones los asistentes pudieron preguntar sobre cuestiones que suscitaron su interés como las más de 45 licencias de exploración que ya tiene concedidas Marruecos o sobre las posibilidades económicas que se generarían en las islas en el caso de que existieran hidrocarburos.
Los asistentes se sorprendieron al conocer que “el informe de impacto medioambiental que tanto reclama CC, PSOE y NC en la prensa, no es más que una más de sus manipulaciones informativas”. Y es que el Ministerio de Industria lo que ahora aprobaría sería la reactivación de los permisos mediante un Real Decreto después de fueran paralizados estos trabajos en el año 2004.
Antes de la realización de esos sondeos, Repsol deberá elaborar un exhaustivo informe de Impacto Ambiental, que se elevará al Ministerio de Medio Ambiente. Dicho ministerio repartirá el documento entre todas las instituciones que considere oportunas, como la Consejería de Medio Ambiente del Ejecutivo Canario, Cabildos, Ayuntamientos, etc. Recopilará todos los comentarios y los trasladará a la empresa para que ésta los incluya. El documento resultante se expondrá a información pública, según establece la ley, para que cualquier entidad o particular pueda formular alegaciones, que tienen que ser estudiadas en todos los casos y argumentadas las respuestas. Sólo así, Repsol (50%) y sus socios, la empresa australiana Woodside (30%) y la alemana RWE (20%), estarán en condiciones de contar con la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental, requisito indispensable antes de iniciar cualquier estudio para determinar si hay o no gas o petróleo. Se calcula que todo este proceso, anterior al inicio de cualquier sondeo exploratorio, se alargará durante 2 ó 3 años.
“CC intenta esconder de forma intencionada este trámite a la ciudadanía, que tendrá la oportunidad de ver el documento toda vez que se realice, y no antes”.
El PP de Fuerteventura apoya el “reciente interés” de CC para fomentar el uso de energías renovables en la isla pero “deben recordar que durante 15 años no se ha instalado ni un solo molino en Fuerteventura y que es precisamente el PIOF, el que bloquea el desarrollo de estas energías en suelo majorero”.
Los populares seguirán defendiendo este proyecto porque podría suponer una diversificación real de la economía canaria, y una oportunidad de empleo para las islas. “Fuerteventura sería el primer caso en el mundo en el que esta industria no generara puestos de trabajo, tal y como afirman los nacionalistas”.
El grupo popular está programando una intensa agenda de reuniones para llevar más información a la ciudadanía con el objetivo de que sea “la población, y no algunos dirigentes interesados en sacar rédito político, los que decidan qué quieren para Fuerteventura”.
“El objetivo es generar un debate serio y riguroso sobre un tema que no es de derechas ni de izquierdas si no de sentido común: si un país como el nuestro con un 80% de dependencia energética, y en el caso de Canarias con un 98%, es de sentido común saber si existen o no estos recursos en nuestras aguas”, aseguró la presidenta de los populares en Fuerteventura, Águeda Montelongo.
La ingeniera química profundizó sobre las características del lecho marino donde se pretende trabajar, los estudios que se han llevado a cabo y las posibilidades de encontrar crudo en estas zonas mientras que un Abogado, experto en Relaciones Internacionales, expuso a los asistentes La Ley del Mar y las competencias Estatales para la explotación de hidrocarburos en la Zona Económica Exclusiva, en contraposición con la Ley de Aguas Canarias.
Después de las intervenciones los asistentes pudieron preguntar sobre cuestiones que suscitaron su interés como las más de 45 licencias de exploración que ya tiene concedidas Marruecos o sobre las posibilidades económicas que se generarían en las islas en el caso de que existieran hidrocarburos.
Los asistentes se sorprendieron al conocer que “el informe de impacto medioambiental que tanto reclama CC, PSOE y NC en la prensa, no es más que una más de sus manipulaciones informativas”. Y es que el Ministerio de Industria lo que ahora aprobaría sería la reactivación de los permisos mediante un Real Decreto después de fueran paralizados estos trabajos en el año 2004.
Antes de la realización de esos sondeos, Repsol deberá elaborar un exhaustivo informe de Impacto Ambiental, que se elevará al Ministerio de Medio Ambiente. Dicho ministerio repartirá el documento entre todas las instituciones que considere oportunas, como la Consejería de Medio Ambiente del Ejecutivo Canario, Cabildos, Ayuntamientos, etc. Recopilará todos los comentarios y los trasladará a la empresa para que ésta los incluya. El documento resultante se expondrá a información pública, según establece la ley, para que cualquier entidad o particular pueda formular alegaciones, que tienen que ser estudiadas en todos los casos y argumentadas las respuestas. Sólo así, Repsol (50%) y sus socios, la empresa australiana Woodside (30%) y la alemana RWE (20%), estarán en condiciones de contar con la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental, requisito indispensable antes de iniciar cualquier estudio para determinar si hay o no gas o petróleo. Se calcula que todo este proceso, anterior al inicio de cualquier sondeo exploratorio, se alargará durante 2 ó 3 años.
“CC intenta esconder de forma intencionada este trámite a la ciudadanía, que tendrá la oportunidad de ver el documento toda vez que se realice, y no antes”.
El PP de Fuerteventura apoya el “reciente interés” de CC para fomentar el uso de energías renovables en la isla pero “deben recordar que durante 15 años no se ha instalado ni un solo molino en Fuerteventura y que es precisamente el PIOF, el que bloquea el desarrollo de estas energías en suelo majorero”.
Los populares seguirán defendiendo este proyecto porque podría suponer una diversificación real de la economía canaria, y una oportunidad de empleo para las islas. “Fuerteventura sería el primer caso en el mundo en el que esta industria no generara puestos de trabajo, tal y como afirman los nacionalistas”.
El grupo popular está programando una intensa agenda de reuniones para llevar más información a la ciudadanía con el objetivo de que sea “la población, y no algunos dirigentes interesados en sacar rédito político, los que decidan qué quieren para Fuerteventura”.
