Rosa Fernández
dimitirá como concejala y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento por unos hechos ocurridos,
juzgados y sentenciados antes de su llegada a la Alcaldía
Fernández
cuenta con el respaldo expreso del Partido Socialista de Fuerteventura ante una
decisión judicial lícita, pero carente de equidad y proporcionalidad
Puerto
del Rosario, 30 de enero de 2014
El Partido Socialista (PSC-PSOE) de
Fuerteventura acata, pero en absoluto comparte, la sentencia firme que obliga a
la actual portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de La Oliva , Rosa Fernández, a
dejar cualquier cargo público durante diez meses por un delito de “desobediencia”.
Dicha desobediencia remite a un acto
del Ayuntamiento de La Oliva
(el cambio de trazado de parte un camino) ocurrido, juzgado y sentenciado en
mayo de 2007, un año antes de su nombramiento como alcaldesa de La Oliva. La propia
sentencia así lo reconoce: “Efectivamente, la acusada no fuere la representante
del Ayuntamiento cuando recayera la sentencia”.
El 24 de mayo de 2007 se dicta
sentencia contra el Ayuntamiento de La
Oliva y obliga a cesar en la
ocupación de terrenos (parte del trazado del camino de acceso a Majanicho
por la costa, a la altura del saladar de Bristol, se desvía).
El 26 de febrero de 2008 los
propietarios de los terrenos piden la ejecución forzosa de la sentencia.
El 28 de abril de 2008 se notifica al
Ayuntamiento la ejecución forzosa de la sentencia.
En mayo de 2008, días después de haber
sido notificada la ejecución forzosa de sentencia a los responsables de la Alcaldía de ese momento,
el Ayuntamiento de La Oliva
realiza movimientos de tierras en dicho camino.
El 9 de julio de 2008, dos meses
después, la cabeza de lista del PSC-PSOE en La Oliva , Rosa Fernández, toma posesión como
alcaldesa.
A continuación llegan al Ayuntamiento
multas coercitivas por no ejecutar la sentencia. Dichas multas se pagan en
octubre y noviembre de 2008.
En 2009 se imputa a Rosa Fernández
(que llegó a la Alcaldía
pocos meses antes) un delito de desobediencia por la no ejecución de la
sentencia de 24 de mayo de 2007. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento
consideraron que la sentencia imponía una obligación de no hacer, obligaba a dejar
de ocupar con maquinaria esos terrenos y así se hace. Los servicios jurídicos
del Ayuntamiento también estiman que no procedía pedir al juzgado una
aclaración de sentencia.
La diferencia de interpretación de la
sentencia entre los servicios jurídicos municipales y el juzgado deriva,
finalmente, en otra sentencia por desobediencia y condena de inhabilitación para
cargo o empleo público por diez meses contra la nueva alcaldesa, Rosa
Fernández, y no contra los responsables del Ayuntamiento de La Oliva cuando se produjeron
los hechos.
Por tanto, Rosa Fernández dimitirá
como concejala del PSC-PSOE en el Ayuntamiento de La Oliva en cumplimiento de la
sentencia. Fernández cuenta con el respaldo expreso del Partido Socialista de
Fuerteventura ante una decisión judicial lícita, pero carente de equidad y
proporcionalidad vistos los hechos en su conjunto y contemplando el acto que
provocó el inicio del proceso (el cambio de trazado de un camino en 2007) y los
responsables públicos de ese momento.
