El Cabildo ofrece ubicación en Puerto del Rosario y
Gran Tarajal para las nuevas instalaciones de Justicia
29 de enero de
2014
El Gobierno de Canarias
prepara un nuevo paquete de medias con el que hacer frente en el ámbito
autonómico e insular ante los efectos negativos de la denominada Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que el Gobierno de
España publicó en el BOE del pasado 30 de diciembre. El consejero de
Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco
Hernández Spínola; y el director del Instituto Canario de Administraciones
Públicas, Luis Alba, se reunieron esta mañana con representantes de los
ayuntamientos y del Cabildo de Fuerteventura para exponer estos trabajos y
coordinar las demandas de las
corporaciones locales en este
marco.
Previamente, y junto al alcalde de Puerto del
Rosario, Marcial Morales; el vicepresidente del Cabildo, Blas Acosta; y el
presidente, Mario Cabrera, también estuvieron valorando posibles emplazamientos
para la ubicación de un nuevo edificio de servicios judiciales que permita
unificar todas las dependencias que ahora mismo están dispersas por el casco
urbano. Para ello se cuenta con dos
posibles ubicaciones que próximamente se concretarán, “y además el Cabildo ha
ofrecido al Gobierno de Canarias instalaciones en Gran Tarajal para poder abrir
en la localidad también servicios judiciales para la zona centro-sur de
Fuerteventura”, adelantó el presidente del Cabildo”.
Ley de Racionalización
Hernández Spínola detalló que ante la entrada en
vigor de la normativa estatal que afecta a las administraciones locales, el
Gobierno plantea un plan de trabajo que incluye tres líneas de actuación. Por
un lado, una Ley de Cabildos; por el otro la Ley del Sector Público canario; y,
finalmente, la Ley de Transparencia Administrativa, “Es una reforma ambiciosa,
que nunca antes se ha abordado y que marcará una impronta en la administración
pública canaria acercándola al ciudadano, ganado en eficacia y transparencia”,
detalló el consejero.
Los representantes del Gobierno de Canarias
analizaron junto al Cabildo y los ayuntamientos las dificultades que al
funcionamiento normal de las corporaciones y a su prestación de servicios está
generando esta nueva Ley de Racionalización. En opinión del consejero regional
“es un auténtico atentado a la autonomía municipal. La hemos denunciado ya en
el Senado, sin que nos hicieran caso. Y ahora, ya aprobada, desde nuestro punto
de vista confirma su carácter inconstitucional y perjudicial para los
ciudadanos”.
Puso como ejemplo de estas taras de la nueva
ordenación la prestación de Servicios Sociales, “que obliga a que los Servicios
Sociales sean asumidos por las Comunidades Autónomas. Nosotros entendemos que
debe priorizarse el principio de proximidad. Por eso, antes de que se aplique
lo concerniente a Servicios Sociales en diciembre de 2015, confiamos en que el
Parlamento Canario haya aprobado una nueva modificación autonómica que
garantice que estos servicios pueda seguir siendo prestados por los
ayuntamientos”.
En relación con los problemas que está generando la
norma estatal a los ayuntamientos, el alcalde de Puerto del Rosario, Marcial
Morales, señaló que “ahora mismo, si no estuviéramos en estabilidad
presupuestaria, tendríamos que haber suspendido, por ejemplo, el servicio
municipal de guaguas, porque es claramente deficitario. Lo mantenemos, sin
embargo, porque consideramos que es muy necesario”.
Instalaciones judiciales
Durante las reuniones de esta mañana también se
evaluaron las posibilidades para centralizar todas las instalaciones dispersas
de Justicia en Puerto del Rosario en un único edificio, que o bien se ubicaría
en un solar junto a la Avenida Juan de Bethencourt, cedido por el Cabildo; o
bien en un solar habilitado dentro de las instalaciones militares de Puerto del
Rosario, que el Ayuntamiento también está gestionando con Defensa, pendiente de
una reunión que se celebrará la próxima semana.
Marcial Morales apuntó que “cualquiera de la dos
ubicaciones es buena, porque en un caso está junto a otras instancias
administrativas, y en el otro en el mismo centro urbano, pero en un área de expansión”.
“Desde que el solar esté a disposición en coordinación con el Ayuntamiento y el
Cabildo, encargaremos el proyecto técnico del edificio, de manera que permita
unificar todos los servicios que ahora mismo están dispersos por distintos
emplazamientos en la ciudad”, adelantó Hernández Spínola.
Gran Tarajal
El Cabildo de Fuerteventura también ha puesto a
disposición de Justicia un emplazamiento para instalaciones judiciales en Gran
Tarajal, “de forma que permitan acercar la prestación de estos servicios a los
ciudadanos y consolidar el carácter de servicios y administrativo de la
localidad”, explicó el presidente del Cabildo, Mario Cabrera.
En esta línea, Hernández Spínola señaló que aunque
la nueva ordenación judicial que tramita el Gobierno de España “es claramente
restrictiva y hasta plantea eliminar partidos judiciales ya creados, sí que
disponer de estas instalaciones podría permitir trasladar servicios y gestiones
judiciales que actualmente sólo se prestan en Puerto del Rosario, hasta Gran
Tarajal, para acercarlos a los vecinos, y por lo tanto será de mucha utilidad
para la estructura judicial”.
