El Cabildo de Fuerteventura solicita formalmente a Industria la nueva exposición pública del expediente de Repsol y distribuye formularios de peticiones entre los particulares interesados
26 de mayo de 2014 (13:14 h.)
Cuando
se cumple un nuevo mes de paralización en el Ministerio de Medio Ambiente de la
tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental de las prospecciones petrolíferas
frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote, el Cabildo ha solicitado
formalmente al Ministerio de Industria que suspenda todo el proceso y vuelva a
someter a información pública para alegaciones toda la documentación nueva
incorporada en estos meses, y que por lo tanto no pudo ser consultada ni
valorada por las más de 11.000 personas que en agosto y septiembre de 2013
participaron en el anterior proceso.
El
Cabildo facilita un formulario de solicitud a los ciudadanos interesados en
ejercer también su derecho a reivindicar un nuevo proceso de exposición pública
de la documentación
Este
formulario debe ser cumplimentado y registrado en las respectivas Direcciones
Insulares de la Delegación de Gobierno o en los registros oficiales compatibles
Antecedentes
El
16 de marzo de 2012 el Consejo de Ministros adoptó el Real Decreto 547/2012, de
16 de marzo, por el que se convalida el Real Decreto 1462/2001, de 21 de
diciembre, por el que se otorgaron los permisos de investigación de
hidrocarburos denominados Canarias 1 a 9 frente a las costas de las Islas
Canarias. Esta Disposición está recurrida ante el Tribunal Supremo y pendiente
de sentencia.
El
29 de julio de 2013 el Ministerio de Industria, Energía y Turismo sometió a
información pública el programa de Repsol para realizar hasta tres pozos
petrolíferos exploratorios y su estudio de impacto ambiental.
El
proceso de información pública que ha contado con más de once mil alegantes, ha
puesto de manifiesto la oposición de la Sociedad Canaria y sus Instituciones y
ha evidenciado con informes técnicos de expertos de reconocido prestigio
internacional, las graves deficiencias de los documentos presentados por
Repsol. Estas deficiencias impiden disponer del imprescindible rigor
informativo que requiere el análisis de una actividad minera de tan elevado
riesgo para los intereses más esenciales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Nueva documentación
Desde
noviembre de 2013 hasta marzo de 2014, Repsol ha presentado a la Administración
documentación en respuesta a las alegaciones de los ciudadanos y las
instituciones.
Entre
la documentación presentada se encuentra: un nuevo estudio en caso de vertido
catastrófico de 3.000 bidones de petróleo por día, un estudio de impacto sobre
la salud, proyectos de los pozos petrolíferos previstos, cartografía del fondo
marino, un plan de gestión ambiental, etc.
Pensamos
que toda esta documentación debió ser sometida a información pública conforme
establecía el artículo 9.3 y 7 del Real Decreto Legislativo 1/2008 por lo que
no procede una nueva consulta restringida a Administraciones públicas y
personas interesadas(artículo 9.4), sino un nuevo período de información pública
abierta al público en general.
A
ello se suma la emisión de nuevos informes de organismos como el CEDEX, la
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, la Dirección
General de Relaciones Económicas Internacionales, Directora Técnica de la
División para la Protección del Mar, etcétera, que son necesarios para conocer
el alcance de los riesgos que comportan los pozos petrolíferos.
Por
lo tanto, no acordar el nuevo período de información pública vicia el procedimiento
de nulidad y viola el derecho fundamental de los ciudadanos a conocer los
riesgos que podemos sufrir en el medio ambiente del que vivimos conforme al
artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Por
todo ello, con este escrito se solicita que dada la naturaleza de la
documentación suministrada por Repsol se acuerde adoptar un nuevo período de
información pública abierta a toda la ciudadanía, para que así podamos conocer
la documentación que debíamos haber tenido disponible en el pasado periodo de
información pública.