El Cabildo de Fuerteventura rechaza el “grave retroceso de más de 30 años” que significa la nueva regulación sobre el aborto
31 de enero de 2014 (18:22 h.)
El Pleno del Cabildo de Fuerteventura acordó
esta mañana con los votos a favor del grupo de Gobierno (PSOE y CC), del grupo
Mixto y del grupo PPM, y la oposición del Grupo PP, instar al Gobierno de España a retirar inmediatamente
y no continuar la tramitación del Anteproyecto de Ley Orgánica por el que
pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y
reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. Todo ello, atendiendo al
contenido de una Moción presentada por el Grupo Socialista.
En la exposición de
motivos se recuerda que la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual
y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, recoge la garantía
de los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva,
regula las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establece
las correspondientes obligaciones de los poderes públicos.
En su
texto, se declara el derecho de todas las personas a adoptar libremente decisiones
que afectan a su vida sexual y reproductiva, sin más límites que los derivados
del respeto a los derechos de las demás personas y al orden público garantizado
por la Constitución y las Leyes, y se reconoce el derecho a la maternidad
libremente decidida lo que implica no sólo reconocer a las mujeres la capacidad
de decisión sobre su embarazo, sino también que esa decisión, consciente y
responsable, sea respetada.
La Ley, que vino a
sustituir a una regulación que veinticinco años atrás había supuesto un avance
en la protección de las mujeres, fue elaborada, debatida y aprobada desde el
consenso con la gran mayoría de los grupos políticos con representación
parlamentaria, tras el trabajo en sede parlamentaria de una Subcomisión en la
Comisión de Igualdad en la que se contó con la participación de una treintena
de expertos y considerando las recomendaciones de expertos juristas y
profesionales de la bioética y la sanidad. Además, reforzó la seguridad
jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo e
incorporó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos así como distintos pronunciamientos, en forma de
conclusiones y recomendaciones, del Consejo de Estado y organismos
internacionales de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, del
Consejo de Europa y de la Unión Europea.
Ahora, el Gobierno
ha anunciado una revisión de esta legislación que representaría un
extraordinario retroceso normativo, social e ideológico y volvería a situar a
las mujeres españolas en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir
responsable, consciente y libremente sobre su sexualidad y maternidad, y
afectando a su seguridad jurídica y a la de los profesionales de nuestro
sistema de salud, así como a la garantía en el acceso a las correspondientes
prestaciones sanitarias.
En este sentido, el
20 de diciembre de 2013 se presentó en el Consejo de Ministros un Anteproyecto
de Ley Orgánica cuyo contenido ha confirmado, y tristemente superado, las
peores conjeturas acerca de sus desastrosos efectos sobre la libertad y los
derechos de las mujeres.
Con el Anteproyecto
aprobado por el Gobierno se suprime el derecho de las mujeres a interrumpir su
embarazo en las primeras catorce semanas, considerándose como delito
despenalizado sólo en los supuestos de violación y "grave peligro para la
vida o la salud" de la mujer, privando a ésta de su derecho a decidir
sobre su maternidad. Se suprime también, por tanto, el supuesto de
malformaciones o anomalías fetales incompatibles con la vida, que había
justificado la interrupción del embarazo desde los años ochenta del siglo
pasado.
Esta norma no sólo
supondrá un grave retroceso de más de treinta años para la legislación española
en este ámbito, y el incumplimiento de compromisos internacionales en materia
de derechos sexuales y reproductivos y de libertad de las mujeres a decidir
sobre su maternidad, sino que situaría a España como un excepción en toda
Europa, donde en los últimos años ningún país había legislado hacia atrás en
esta materia, mientras que las mujeres españolas sufrirán ese retroceso después
de haber contado con una de las legislaciones más avanzadas, más seguras, con
mayores efectos en la prevención de embarazos no deseados y que había
conseguido reducir el número de abortos en el último año.
Esta normativa ha
provocado un enorme rechazo social de la ciudadanía española y europea, de las
organizaciones sociales, profesionales y feministas, y además ha motivado la
aparición de declaraciones de miembros de su propio partido, incluidas las de
algunas mujeres que ocupan cargos públicos, discrepando de su contenido, y la
crítica de dirigentes y medios de comunicación en el extranjero, donde sólo ha
cosechado la felicitación de formaciones políticas de extrema derecha de otros
países.