El Cabildo de Fuerteventura rechaza el copago farmacéutico que impone el Ministerio
25 de octubre de 2013 (16:45 h.)
El Pleno del
Cabildo de Fuerteventura expuso hoy su rechazo (con los votos a favor de grupo
de Gobierno, PPM y grupo Mixto; y en contra del PP), a las nuevas medidas
adoptadas por el Gobierno de España relativas a la imposición del copago
farmacéutico a los pacientes de los hospitales y ambulatorios. La moción, que
fue presentada por el grupo PSOE, señala que frente a esta política estatal el
Gobierno de Canarias debe oponerse y negarse a aplicarla.
Desde la puesta en marcha, en el año 2012, del Real
Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad
de sus prestaciones, muchos han sido los pasos dados por la Administración en
contra de los derechos de los pacientes, algunos singularmente graves.
En este mismo sentido de recortes de derechos, el
pasado 19 de Septiembre se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la
Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Cartera
Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se
procede a modificar las condiciones de financiación de medicamentos incluidos
en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud mediante la
asignación de aportación del usuario, en desarrollo del Real Decreto-ley
28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema
de la Seguridad Social. Con esta publicación, sin notificación o información
previa del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, el Gobierno
evitaba su publicidad tratando de soslayar la reacción adversa de los
profesionales de la sanidad y de los pacientes afectados y sus familias,
presentándolo así como un hecho consumado.
Sin embargo, la injusticia y crueldad de estas
medidas se agrava como consecuencia de ser pacientes crónicos quienes han de
pagar este tipo de medicación, lo que sin duda, se une a la ya difícil
situación personal derivada de la gravedad de sus dolencias: cáncer, hepatitis…
Ante esta circunstancia muchas han sido las
asociaciones y colectivos de pacientes, profesionales sanitarios y consumidores
que han elevado su protesta a la Administración. De igual manera lo han hecho
algunas Comunidades Autónomas, como Andalucía, Asturias, Castilla y León, o
País Vasco, que han mostrado su incomprensión ante una medida tan ineficaz como
injusta.