El Pleno del Cabildo de Fuerteventura ha reiterado esta mañana (con los votos a favor del grupo de gobierno de CC y PSOE y grupo PPM, la abstención del grupo mixto y la oposición del PP), su oposición a las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Fuerteventura y Lanzarote, solicitando al Gobierno de España que deje sin efecto la aprobación del real decreto de autorizaciones tramitado recientemente.
El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera, adelantó además que se va a seguir desarrollando una campaña informativa al respecto, “porque el Ministerio nos prohíbe por escrito distribuir la documentación oficial del expediente bajo apercibimiento de sanción, por lo que tendremos que esforzarnos en que la gente conozca lo que se dice”.
El contenido del acuerdo adoptado hoy es el siguiente:
1. Hacer público el reconocimiento de esta Corporación Insular al conjunto de la ciudadanía de Fuerteventura, por el éxito de la manifestación del pasado sábado 24 de marzo de 2012, en contra de las prospecciones petrolíferas en nuestras aguas y a favor de alternativas basadas en proyectos de energías renovables.
2. Hacer público también nuestro agradecimiento por el respaldo recibido en todas las islas y en diferentes ciudades de la Península e incluso del extranjero.
3. Instar al Gobierno de España a que atienda este posicionamiento ciudadano y proceda a la suspensión inmediata del Real Decreto por el que se otorgan los permisos de investigación de hidrocarburos Canarias 1 a 9, situados en el Océano Atlántico frente a las costas de las islas de Fuerteventura y Lanzarote.
4. Ofrecer al Gobierno de España toda la colaboración que pueda prestar esta Corporación Insular en la búsqueda de alternativas energéticas sostenibles y no contaminantes en nuestra aguas, con la posibilidad de que se establezca un marco de colaboración con nuestros vecinos marroquíes y saharauis que evite la realización, en sus aguas, de cualquier tipo de actividad petrolífera o de otro tipo de hidrocarburos, ante los potenciales peligros que generaría por su proximidad a Canarias.
5. Instar al Gobierno de España a la apertura de un proceso de diálogo con los gobiernos de los países vecinos tendente a la declaración de las aguas próximas a Canarias como libres de actividades extractivas de petróleo y otros hidrocarburos, y para la búsqueda de alternativas energéticas sostenibles que, llegado el caso, pudieran ser incluso compartidas y fruto de un acuerdo de ayuda al desarrollo en el marco de la Comunidad Europea y sus proyectos de cooperación trasnacional.
6. Continuar la campaña informativa emprendida por este Cabildo Insular de Fuerteventura sobre la necesidad de preservar los valores naturales de nuestro ecosistema marino, y la importancia de evitar la realización de actividades extractivas de hidrocarburos frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote, e impulsar la búsqueda de alternativas energéticas limpias y sostenibles.
7. Expresar el reconocimiento de esta Corporación Insular a la importante labor informativa realizada en este mismo sentido por los medios de comunicación públicos Radio Televisión Canaria y Radio Televisión Española en Canarias, y en general a todos los medios de comunicación de Canarias, tanto públicos como privados, que han sido fundamentales para que el sentir de las sociedades conejera y majorera llegase a todos los rincones del Archipiélago.
8. Trasladar este acuerdo para su apoyo a todos los Cabildos Insulares de Canarias, solicitando su respaldo expreso a través de los respectivos Plenos, e igualmente a la Federación Canaria de Municipios, para, a través de la misma, solicitar también el apoyo expreso de los ayuntamientos de Canarias
9. Solicitar igualmente un nuevo pronunciamiento del Pleno del Parlamento de Canarias en demanda al Gobierno de España de la suspensión definitiva del acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros del pasado 16 de marzo, relativo a la autorización de prospecciones petrolíferas frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote.
Los permisos de investigación de hidrocarburos denominados CANARIAS 1 a 9 situados en el Océano Atlántico frente a las costas de las Islas de Fuerteventura y Lanzarote, fueron otorgados a la sociedad Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A., por Real Decreto 1462/2001, de 21 de diciembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 20 de 23 de enero de 2002.
De acuerdo con la Orden ECO/845/2003, de 21 de marzo, la titularidad actual del permiso corresponde a las sociedades Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A., Woodside Energy Iberia, S.A. y RWE Dea AG, en unos porcentajes del 50%, 30% y 20%, respectivamente, actuando la primera de ellas como operadora.
La sentencia de 24 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo por la que se resuelven los recursos contencioso-administrativos 39/2001 y 40/2001, interpuestos por la Agrupación Insular del Partido Socialista Canario en Lanzarote y el Cabildo Insular de Lanzarote, contra el mencionado Real Decreto 1462/2001, de 21 de diciembre, anuló los compromisos y programas de investigación especificados en los apartados c y d del artículo 2 de dicho real decreto, correspondientes a los años tercero a sexto, por no haberse determinado expresamente las medidas de protección medioambiental a que se refiere el artículo 18.3 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos: “En la resolución de otorgamiento se fijarán los trabajos mínimos que deberán realizar los adjudicatarios de los permisos, incluidas las labores de protección medioambiental, hasta el momento de su extinción o de la renuncia a los mismos.”
Durante el mandato del Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, y después del debate abierto en Canarias, éste decidió no dar continuidad a las prospecciones sin el consenso de la sociedad canaria a través de sus instituciones. Aunque, finalmente, este asunto nunca llegó a tocarse durante los ocho años de gobierno socialista.
Ahora, desde el primer mes de gobierno de mayoría absoluta del Partido Popular, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria López, decidió retomar este asunto y envió el pasado 7 de febrero una "solicitud de audiencia" al Gobierno de Canarias y los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote, dándoles de plazo diez días, con una prórroga de otros diez días, para que expresaran su opinión sobre el contenido del borrador de Real Decreto que su departamento estaba ultimando para convalidar el Real Decreto 1462/2001 y autorizar las prospecciones,.
Sin responder a las alegaciones formuladas por las instituciones canarias, a propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de marzo de 2012, se aprobó un Real Decreto por el que se convalida el Real Decreto 1462/2001, de 21 de diciembre, por el que se otorgan los permisos de investigación de hidrocarburos denominados "Canarias-1", "Canarias-2", "Canarias-2", "Canarias-3", "Canarias-4", "Canarias-5", "Canarias-6", "Canarias-7", "Canarias-8" y "Canarias-9".
En dicho Real Decreto de convalidación, entre otras modificaciones, se introduce un nuevo artículo 2.bis que dispone:
"1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.3 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, las medidas de protección medioambiental son las que se recogen en los documentos "Protección del Medio Ambiente en Operaciones de Adquisición de Sísmica Marina" y "Protección del Medioambiente en la Perforación de Sondeos Exploratorios Marinos", presentados por los titulares de los permisos de investigación ante la Dirección General de Política Energética y Minas.”
Los documentos citados fueron presentados ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por Repsol el 7 de mayo de 2004, hace por tanto casi 8 años y, por consiguiente, al amparo de una normativa actualmente derogada, en buena medida para la introducción de las directrices y normativas emanadas de la Unión Europea, sin haber podido por ello incorporar medidas contempladas en la normativa de ulteriores disposiciones legales, estatales y europeas, referidas a esta misma materia.
Debe destacarse, además, como a pesar del contenido literal de la referida sentencia de 24 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y del derecho de las Administraciones insulares a conocer el contenido íntegro del expediente, la Administración del Estado haya omitido en la documentación remitida documentos tan importante como los informes técnicos emitidos por los órganos competentes en relación con los referidos documentos “Protección del Medio Ambiente en Operaciones de Adquisición de Sísmica Marina” y “Protección del Medio Ambiente en la Perforación de sondeos marinos”, sin que conste, por tanto, la necesaria revisión y actualización sobre los parámetros y contenido de dicho proyecto aportada por la entidad solicitante.
La envergadura y entidad de la decisión de autorizar prospecciones petrolíferas en las aguas de un Archipiélago que vive casi exclusivamente del turismo provoca desconfianza y miedo en un amplio sector de los ciudadanos, empresarios e instituciones, que ven las consecuencias catastróficas que un derrame de petróleo podría tener sobre nuestras costas, espacios naturales e industria turísticas. Sobre todo porque estos riesgos son reconocidos por la propia petrolera y porque, desgraciadamente, existen ejemplos a lo largo de todo el mundo, el más reciente en el golfo de México en 2010, pero también sucede en el delta del Níger o en el Mediterráneo.
Por ello, en los últimos años se ha abierto una corriente normativa en la Unión Europea dirigida a incrementar las medidas de protección y a regular de manera más estricta los aspectos relativos a los riesgos derivados de las prospecciones, las medidas a adoptar así como las responsabilidades exigibles. Actualmente, está finalizando la tramitación del “Reglamento del Parlamento Europeo y Del Consejo sobre la seguridad de las actividades de prospección, exploración y producción de petróleo y de gas mar adentro”
Asimismo, ha surgido un conflicto institucional sobre las competencias en la materia entre el Gobierno de Canarias y el del Estado, hasta el punto de que hay un recurso de inconstitucionalidad admitido a trámite y no resuelto, que fue presentado por el Gobierno de de Canarias en 2008.
