El Pleno del Cabildo de Fuerteventura acordó hoy
con los votos a favor de todos los grupos políticos salvo el PP, que votó en
contra, dirigirse al Gobierno de España para
solicitarle que autorice en el ámbito territorial de Canarias la consulta
popular vía referéndum instada por el Gobierno de Canarias, para conocer el
parecer de la ciudadanía canaria sobre la realización de prospecciones
petrolíferas en aguas próximas a Canarias.
La moción, que fue presentada por el Grupo PSOE,
destaca que Mediante Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, el Gobierno de
España convalidó la autorización a la empresa REPSOL para la realización de
prospecciones petrolíferas frente a las costas de las Islas de Fuerteventura y
Lanzarote.
“Esta es una decisión que no fue consultada ni
dialogada con las Administraciones Públicas canarias y que ha creado una gran
contestación científica, social e institucional por los efectos que pudiera
tener una actividad de esta naturaleza, principalmente, sobre el medio ambiente
y el turismo de las islas. En su momento el PSOE cuando gobernaba se
comprometió a pararlo si no existía consenso, y lo hizo”, recordó el
vicepresidente Blas Acosta.
El presidente del Cabildo, Mario Cabrera,
recordó que "sólo pedimos que se aplique la inteligencia y el diálogo. No
las imposiciones y el servilismo a las multinacionales. La gente tiene derecho
a decir lo que piensa. Este es un asunto de vital importancia para la forma de
vida de los canarios, probablemente el más importante de los últimas décadas.
¿Por qué tienen miedo a que se deje hablar?”.
No puede obviarse que la autorización para
realizar prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias, es una
cuestión política de enorme trascendencia por sus múltiples implicaciones:
contaminación de costa y mar, potabilización de agua, afluencia turística,
actividad económica, etc.
Implicaciones que, aunque en mayor medida
afectarían a las islas de La Graciosa, Lanzarote y Fuerteventura, acabarían
repercutiendo al conjunto del Archipiélago tanto en su vertiente medioambiental
como en su incidencia en la marca turística “Islas Canarias”.
Además, conviene tener presente que una decisión
de este tipo trascenderá de la actual coyuntura afectando a las generaciones
futuras, habida cuenta que puede traer como consecuencia un cambio radical en
el modelo productivo de Canarias.
Ante esta situación el Gobierno de Canarias
decidió el pasado 10 de febrero activar los mecanismos previstos en los
artículos 92 de la Constitución Española y 32.5 del Estatuto de Autonomía de
Canarias, así como en la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación
de las distintas modalidades de referéndum, y elevar al Parlamento de Canarias
para su aprobación solicitud al Gobierno de España para realizar una consulta
popular en el ámbito territorial de Canarias para conocer el parecer de la
ciudadanía canaria sobre la realización de prospecciones petrolíferas en las
costas de las islas.
Una solicitud que pretende determinar qué piensan
los canarios y canarias sobre un asunto de vital trascendencia.
Mociones
Entre los asuntos tratados en la sesión de hoy,
se rechazó una moción del Grupo Mixto (con el voto en contra de CC, PSOE, PPM y
la abstención del PP) relativa a una consulta popular sobre si los vecinos de
Fuerteventura quieren que se acabe el Hospital Insular en 2015, al considerar el
resto de grupos políticos que era una cuestión que obviamente respaldan todos
los vecinos de Fuerteventura sin necesidad de consultas.
Sí se aprobó por unanimidad una moción relativa a
la solicitud para mejorar el equipamiento del Hospital Insular con un bunker
para oncología radioterápica; y otra relacionada con la ampliación del área del
muelle de Gran Tarajal y su habilitación como frontera Schengen de la UE.
Mientras que se rechazaron diversas iniciativas
relacionadas con la contratación de personal para la Escuela Insular de Música,
la propuesta al Ayuntamiento de Puerto del Rosario para que ubique las instalaciones
de Justicia al margen de la que ya tiene proyectada el propio Ayuntamiento; y
la exigencia a la Autoridad Portuaria ya
una empresa náutica para que ejecuten una obra en el muelle de Puerto
del Rosario que ya está inmersa en gestiones derivadas de su contratación.
