El Ayuntamiento de La Oliva recuerda al PSOE que “las sentencias judiciales se acatan”
03 de junio de 2014 (15:53 h.)
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La situación económica es peor que en 2012, cuando se
llevó a cabo el ERE, por el reconocimiento de deudas heredadas de la gestión del
propio PSOE
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En cuanto al incremento en los impuestos, que en
ningún caso es de un 20%, se ha producido por imperativo legal
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El Ayuntamiento recuerda que los populares redactaron
y firmaron el ERE que ahora critican
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La reforma local aprobada por el PP retira las
competencias de Servicios Sociales a los Ayuntamientos
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El TSJC tendrá que decidir ahora sobre la procedencia
o no de los despidos para fijar las indemnizaciones
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“Estamos actuando con responsabilidad, saneando las
cuentas y garantizando la prestación de servicios”
La Oliva, a 3 de junio de 2014. El grupo de gobierno del Ayuntamiento de La Oliva
recuerda al PSC-PSOE que “las sentencias judiciales se deben acatar
obligatoriamente” y lamenta que los socialistas “emplacen a la corporación a
que desobedezca una sentencia que avala la tramitación del Expediente de
Regulación de Empleo (ERE) aprobado por el grupo de gobierno para sanear las
cuentas públicas, garantizar la presentación de los servicios municipales y
cumplir las nueva normativa impuesta por el Gobierno del Estado a las
administraciones locales”.
La
sentencia del Tribunal Supremo confirma, a diferencia del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, que el ERE se planteó de forma correcta y su tramitación
se realizó conforme a la normativa en vigor.
El
concejal de Personal, Miguel Van Daele, lamenta que el PSC-PSOE desconozca la
situación económica del Ayuntamiento, pese a que obra en su poder toda la
documentación sobre el estado de las cuentas municipales. Y que omitan
deliberadamente para justificar sus argumentos que en el último pleno,
celebrado el pasado jueves se reconoció una deuda de casi diez millones de
euros a la entidad CANARAGUA por la anulación del contrato de saneamiento, que
fue adjudicado por el grupo de gobierno anterior, del que formaba parte el
propio PSOE.
Sumando
esto a la ya difícil situación económica que venía padeciendo el Ayuntamiento,
y que ha provocado que la inversión y el gasto en bienes y servicios se limite
a lo estrictamente necesario, destinando la mayor parte del presupuesto
municipal al pago de deudas, prestamos financieros y al abono de nóminas. En
conclusión, la situación económica del Ayuntamiento de La Oliva no sólo no ha
mejorado, sino que es peor que en 2012, cuando se llevó a cabo el ERE.
En
cuanto al incremento en los impuestos, que en ningún caso es de un 20%, se ha producido
por imperativo legal. No obstante, pese al aumento y la considerable mejora en
la gestión de la recaudación, el equilibrio entre los ingresos y gastos en el
presupuesto municipal sigue siendo difícil de llevar a cabo, siendo la
normativa en materia presupuestaria, impuesta por el Estado a las Corporaciones
Locales, cada vez más rígida.
También
se olvida la ex concejala que en el debate de aprobación de los presupuestos
municipales para ese ejercicio manifestó que no presentaba alegaciones
sugerencias al documento propuesto por el grupo de gobierno puesto que las
cuentas eran tan ajustadas que no permitían margen de maniobra alguno.
Las
reformas legislativas aprobadas en este período y que, al parecer, desconoce el
PSOE, son tajantes en cuanto a la prestación de servicios impropios y a la
duplicidad en el ejercicio de las competencias publicas. Al parecer, los representantes del partido socialista en
el municipio de La Oliva desconocen que, por prescripción legal, cualquier
incremento de los ingresos municipales debe destinarse obligatoriamente al pago
de deuda financiera.
Así,
la propia Sentencia dictada por la Sala General del Tribunal Supremo, compuesta
por 15 magistrados, dice literalmente ”las administraciones están también
sometidas al principio de legalidad y los municipios, pese a que tales entes, cuando actúan en condición
de empleadores, han de operar conforme a
la normativa legal y reglamentaria que es propia de dicha condición, su
capacidad negociadora no es idéntica a la del ámbito privado. En consecuencia,
siéndoles ciertamente exigibles los requisitos previstos al respecto en el
Estatuto de los Trabajadores (…)la autonomía de la voluntad se encuentra sensiblemente
limitada, al menos en la medida en que no pueden acordar soluciones que
incumplan normas de distribución competencial o de cualquier otro orden en el
terreno administrativa, que como es sabido, constituye una actividad reglada”
El
Ayuntamiento informa, por otra parte, que el coste salarial de los 41
trabajadores que actualmente se encontrarían afectados asciende a 1.194.813
euros anuales. Y, por otra parte, el importe de las indemnizaciones abonadas a
los trabajadores incluidos en el ERE ascendía a aproximadamente 600.000 euros,
cantidades que no han sido devueltas por los mismos.
En
el caso de que el TSJC fallara en el sentido de declarar improcedente el
despido colectivo, cuestión sobre la que el partido socialista se adelanta y ya
parece conocer la decisión del tribunal, habría que suplementar esas
cantidades.
En
cualquier caso, este pago se haría una sola vez, cuestión que se entendería
como un ahorro en cualquier economía familiar frente al abono de un importe
superior, con carácter anual y de forma continuada en el tiempo.
Desde
el grupo de gobierno hemos actuado con responsabilidad, adoptando decisiones difíciles,
pero que son necesarias para el buen funcionamiento del Ayuntamiento y la
correcta prestación de servicios a los vecinos del municipio.
Respuesta al Partido Popular
Con
respecto al comunicado del Partido Popular, el Ayuntamiento de La Oliva les
recuerda que “fueron ellos quienes redactaron y firmaron el mismo ERE que ahora
critican, omitiendo intencionadamente en su nota de prensa su papel en el
desarrollo y ejecución del mismo”.
Miguel
Van Daele lamenta que “el PP trate ahora de desmarcarse de una iniciativa que,
en su momento, los populares adoptaron junto a CC por responsabilidad y
compromiso por la difícil situación de las cuentas municipales y por la
necesidad de articular soluciones para garantizar servicios de obligado
cumplimiento”.
Además,
el concejal de Personal responde al PP que “fue su partido quien aprobó en
solitario, en las Cortes Generales, la reforma local que suprime las
competencias en materia de Servicios Sociales a los Ayuntamientos”.