- Esto podría afectar a la rehabilitación de las 90 viviendas de Puerto del Rosario.
CC de Fuerteventura lamenta que "El Estado deja colgada a Canarias",
al mismo tiempo que duda de la legalidad de la actuación del Gobierno
Central en saltarse estos convenios. Ello significa que se deja de invertir
unos 186 millones de euros y que hay 4.206 viviendas afectadas en Canarias.
El Ejecutivo nacional ha retrasado la celebración de la próxima
reunión bilateral Canarias-Estado a diciembre de 2013 o enero de 2014,
por lo que el año 2013 está perdido y se llegará a la bilateral con
los presupuestos 2014 cerrados.
El Gobierno del Partido Popular, debía aportar el 30 por ciento del
total, el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Puerto del
Rosario el 23 por ciento, el Gobierno de Canarias el 13 y los vecinos
el 9 por ciento, aproximadamente . Estando dispuestas las Administraciones
locales a reajustar las anualidades para que la inversión se pudiera
realizar en un mayor periodo de tiempo.
Nos encontramos ahora, con que el Gobierno del Estado retira la financiación
de todos aquellos proyectos que no se terminen en 2013, lo que significa
que en tiempos de crisis y teniendo en cuenta las dificultades de las
Administraciones Locales, no se aceptan los ajustes.
El Estado sigue dejando de lado a los vecinos y vecinas de Fuerteventura.
Vulneran una cuestión fundamental que es el esfuerzo que han tenido
que hacer muchos vecinos/as de Canarias al aportar una parte del presupuesto
total de la obra, y que lo han hecho con mucho sacrificio, teniendo
en cuenta la situación de crisis que están viviendo las familias en
estos momentos.
Además, estos convenios tienen un trasfondo social que el Partido
Popular parece estar ajeno, como en todas sus políticas sociales y
es el poder vivir dignamente en una vivienda.
Canarias es la comunidad autónoma que más convenios de rehabilitación
tiene con el estado, hasta 46, fruto del esfuerzo conjunto entre el
ejecutivo, las administraciones locales y por supuesto los vecinos/as.
Un proyecto ilusionante como el de las 90 viviendas, pionero en la isla y apoyado por el Cabildo de Fuerteventura
(el único de Canarias) no puede ser golpeado tan duramente por el Estado.
Desde CC de Fuerteventura denunciamos la forma unilateral de actuación
del Partido Popular, al romper un acuerdo, algo a lo que últimamente
nos tiene acostumbrados, y que está firmado por varias Administraciones.
CC de Fuerteventura muestra su preocupación por las familias majoreras
que estaban convencidas de que iban a rehabilitarse las 90 viviendas
de Puerto del Rosario en Fuerteventura. Entendemos que los vecinos afectados
puedan mostrarse molestos y preocupados. Sobre todo por la falta de
la implicación política por parte del Gobierno del Estado y del Partido
Popular, pero matizamos que el compromiso económico con la reposición
está garantizado tanto por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario (promotor
para la declaración de la zona como ARI a instancia de la Asociación
de Vecinos) como por el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de
Canarias.
También solicitamos a la Consejera regional de Bienestar Social,
Inés Rojas, para que acuda y se reúna con los vecinos y vecinas.
