El consejero de Política Territorial del Gobierno
canario participó en la clausura del IV Congreso Canario de Derecho
Urbanístico, celebrado en el CICCA
El consejero de Obras
Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias,
Domingo Berriel, expuso esta tarde ante más de 250 especialistas y
técnicos en derecho urbanístico y otras materias relacionadas las
principales limitaciones a las que se ve sometido el legislador canario,
a la hora de simplificar y clarificar toda la normativa existente sobre
ordenación del territorio y planificación urbanística, lo que consideró
un objetivo irrenunciable, puesto que esa clarificación de las normas
"es la mejor manera de garantizar el interés general en el desarrollo
territorial".
Berriel aclaró durante la clausura del VI Congreso Canario de Derecho Urbanístico, organizado por la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico (ACADUR), que todo intento por acortar plazos y suprimir trámites en las normas, para darles mayor agilidad, choca con varias limitaciones, como la obligación de cumplir la profusa legislación básica del Estado, así como de las Directivas y Reglamentos Europeos que, traspuestos o no al ordenamiento jurídico español, resultan de aplicación.
Además, el consejero hizo balance de lo abordado en los dos días de Congreso, en el que se analizaron, por ejemplo, los Planes de Modernización, Mejora, e Incremento de la Competitividad turística y los Planes Generales Supletorios, cuya creación consideró "una muestra clara de que la ordenación es una disciplina viva, que necesita de constantes revisiones, a partir de un marco jurídico sólido, para dar respuesta a los problemas no deseados que se van detectando en la aplicación de las leyes".
Durante los dos días de Congreso, miembros del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el Consejo de Estado, varios catedráticos universitarios y técnicos especialistas en ordenación del territorio y planeamiento, han debatido sobre el momento en el que se encuentra esta disciplina, su función pública y, sobre todo, los principales problemas que encuentran en la práctica diaria de la profesión.
Así, se analizó el planeamiento desde el punto de vista penal, para concluir que es necesario perder el temor con el que en ocasiones se afronta la responsabilidad de realizar los informes sobre el planeamiento, ante una disciplina que está muy marcada por la discrecionalidad de los responsables políticos y de los redactores de los diferentes planes a la hora de elaborar el planeamiento. Incluso, se llegó a plantear la necesidad de que los conflictos en la materia se planteen mucho más en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, puesto que se está convirtiendo en demasiado frecuente el recurso a la vía penal para solucionar los posibles conflictos, lo que fomenta el temor a equivocarse durante la tramitación. Máxime, cuando los ponentes explicaron
Los ponentes instaron además a los asistentes a incrementar la transparencia de su actividad diaria, tanto a través de los mecanismos reglados por la nueva Ley de Transparencia en el caso del sector público, como también a través de la realización de una labor didáctica en la sociedad, a través de los Medios de Comunicación, ya que todos los presentes coincidieron en señalar la complejidad técnica y semántica que se emplea en esta materia.
También se evidenció en las ponencias del Congreso la necesidad de ajustar y coordinar aún más las actuaciones de las diferentes administraciones públicas, evitando duplicidades en el sistema de planeamiento y de evaluación ambiental y de los diferentes poderes legislativos que, en ocasiones, parecen adoptar decisiones contrapuestas.
Como ejemplo, se expuso la diferencia entre la regulación en la tramitación medioambiental de los planes, con plazos de 4 meses para emitir informes en la administración estatal y de 2, en la canaria. En este extremo, se concluyó además que la unificación de plazos podría acompañarse por un mejor y más objetivo establecimiento de criterios de valoración de las diferentes actividades y realidades físicas que se regulan en los Planes, además de ajustar la evaluación ambiental a la escala del instrumento de ordenación, de modo que no existan exigencias exageradas en momentos de la tramitación de un plan que todavía está en fases muy iniciales.
El presidente de ACADUR, Juan José Santana, que acompañó al consejero en la mesa de clausura, destacó por su parte "la importante respuesta que ha tenido esta sexta edición del Congreso Canario de Derecho Urbanístico", señaló que en futuras ediciones se buscarán fórmulas que, al igual que se hace en el planeamiento, permitan una mayor agilidad en el desarrollo de los debates, y anunció que el VII Congreso Canario de Derecho Urbanístico se celebrará el próximo año en alguna localidad de la isla de Tenerife, aún por concretar.
Berriel aclaró durante la clausura del VI Congreso Canario de Derecho Urbanístico, organizado por la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico (ACADUR), que todo intento por acortar plazos y suprimir trámites en las normas, para darles mayor agilidad, choca con varias limitaciones, como la obligación de cumplir la profusa legislación básica del Estado, así como de las Directivas y Reglamentos Europeos que, traspuestos o no al ordenamiento jurídico español, resultan de aplicación.
Además, el consejero hizo balance de lo abordado en los dos días de Congreso, en el que se analizaron, por ejemplo, los Planes de Modernización, Mejora, e Incremento de la Competitividad turística y los Planes Generales Supletorios, cuya creación consideró "una muestra clara de que la ordenación es una disciplina viva, que necesita de constantes revisiones, a partir de un marco jurídico sólido, para dar respuesta a los problemas no deseados que se van detectando en la aplicación de las leyes".
Durante los dos días de Congreso, miembros del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el Consejo de Estado, varios catedráticos universitarios y técnicos especialistas en ordenación del territorio y planeamiento, han debatido sobre el momento en el que se encuentra esta disciplina, su función pública y, sobre todo, los principales problemas que encuentran en la práctica diaria de la profesión.
Así, se analizó el planeamiento desde el punto de vista penal, para concluir que es necesario perder el temor con el que en ocasiones se afronta la responsabilidad de realizar los informes sobre el planeamiento, ante una disciplina que está muy marcada por la discrecionalidad de los responsables políticos y de los redactores de los diferentes planes a la hora de elaborar el planeamiento. Incluso, se llegó a plantear la necesidad de que los conflictos en la materia se planteen mucho más en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, puesto que se está convirtiendo en demasiado frecuente el recurso a la vía penal para solucionar los posibles conflictos, lo que fomenta el temor a equivocarse durante la tramitación. Máxime, cuando los ponentes explicaron
Los ponentes instaron además a los asistentes a incrementar la transparencia de su actividad diaria, tanto a través de los mecanismos reglados por la nueva Ley de Transparencia en el caso del sector público, como también a través de la realización de una labor didáctica en la sociedad, a través de los Medios de Comunicación, ya que todos los presentes coincidieron en señalar la complejidad técnica y semántica que se emplea en esta materia.
También se evidenció en las ponencias del Congreso la necesidad de ajustar y coordinar aún más las actuaciones de las diferentes administraciones públicas, evitando duplicidades en el sistema de planeamiento y de evaluación ambiental y de los diferentes poderes legislativos que, en ocasiones, parecen adoptar decisiones contrapuestas.
Como ejemplo, se expuso la diferencia entre la regulación en la tramitación medioambiental de los planes, con plazos de 4 meses para emitir informes en la administración estatal y de 2, en la canaria. En este extremo, se concluyó además que la unificación de plazos podría acompañarse por un mejor y más objetivo establecimiento de criterios de valoración de las diferentes actividades y realidades físicas que se regulan en los Planes, además de ajustar la evaluación ambiental a la escala del instrumento de ordenación, de modo que no existan exigencias exageradas en momentos de la tramitación de un plan que todavía está en fases muy iniciales.
El presidente de ACADUR, Juan José Santana, que acompañó al consejero en la mesa de clausura, destacó por su parte "la importante respuesta que ha tenido esta sexta edición del Congreso Canario de Derecho Urbanístico", señaló que en futuras ediciones se buscarán fórmulas que, al igual que se hace en el planeamiento, permitan una mayor agilidad en el desarrollo de los debates, y anunció que el VII Congreso Canario de Derecho Urbanístico se celebrará el próximo año en alguna localidad de la isla de Tenerife, aún por concretar.
