Más
de medio centenar de informes y documentos nuevos, de los que hasta ahora no se
tenía constancia, y por lo tanto no se habían sometido a consulta ni exposición
informativa, han “aparecido” esta mañana en el expediente del Estudio de
Impacto Ambiental de las prospecciones petrolíferas en Canarias.
El
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que dirige José Manuel Soria,
comunicó esta mañana por escrito al Cabildo de Fuerteventura, junto a varias
instituciones más, que durante los próximos 15 días podrá consultar esta
documentación, hasta ahora desconocida.
“Esta
comunicación viene reconocer que teníamos razón cuando denunciamos que en el
expediente que se sometió a información pública en agosto de 2013 faltaba
documentación, y que permanentemente se estaba incorporando nuevos documentos
por parte de Repsol y del Ministerio sin que tuviéramos acceso a ellos”,
recordó el presidente del Cabildo, Mario Cabrera.
Pero
la significación va incluso más allá, “con esta nueva comunicación el
Ministerio de Industria impide que las 11.000 personas que en agosto alegaron
sobre el Estudio de Impacto Ambiental puedan ahora consultar estos documentos y
presentar sus alegaciones a los mismos. Y en general también impide estas
mismas alegaciones a cualquier otra persona o entidad que aunque no haya
alegado antes, quiera hacerlo ahora”, recordó Mario Cabrera.
El
presidente del Cabildo reclamó “democracia” en el proceso de exposición de la
documentación del Estudio de Impacto Ambiental, para que “cualquier persona
interesada, los equipos científicos, los colectivos sociales y las
instituciones que lo deseen puedan consultar los documentos y alegar lo que
consideren. ¿Por qué tiene miedo a que la gente lea y opine sobre la
documentación?”
El
Cabildo de Fuerteventura había solicitado ya formalmente al Ministerio de
Industria que suspendiera todo el proceso y volviera a someter a información
pública para alegaciones toda la documentación nueva incorporada en estos
meses, y que por lo tanto no pudo ser consultada ni valorada por las más de
11.000 personas que en agosto y septiembre de 2013 participaron en el anterior
proceso.
Antecedentes
El
16 de marzo de 2012 el Consejo de Ministros adoptó el Real Decreto 547/2012, de
16 de marzo, por el que se convalida el Real Decreto 1462/2001, de 21 de
diciembre, por el que se otorgaron los permisos de investigación de
hidrocarburos denominados Canarias 1 a 9 frente a las costas de las Islas
Canarias. Esta Disposición está recurrida ante el Tribunal Supremo y pendiente
de sentencia.
El
29 de julio de 2013 el Ministerio de Industria, Energía y Turismo sometió a
información pública el programa de Repsol para realizar hasta tres pozos
petrolíferos exploratorios y su estudio de impacto ambiental.
El
proceso de información pública que ha contado con más de once mil alegantes, ha
puesto de manifiesto la oposición de la Sociedad Canaria y sus Instituciones y
ha evidenciado con informes técnicos de expertos de reconocido prestigio
internacional, las graves deficiencias de los documentos presentados por
Repsol. Estas deficiencias impiden disponer del imprescindible rigor
informativo que requiere el análisis de una actividad minera de tan elevado
riesgo para los intereses más esenciales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Nueva documentación
Con
la documentación conocida esta mañana se confirman las sospechas de que desde
noviembre de 2013 Repsol ha presentado a la Administración nueva documentación.
Entre
la documentación presentada se encuentra: un nuevo estudio en caso de vertido
catastrófico de 3.000 bidones de petróleo por día, un estudio de impacto sobre
la salud, proyectos de los pozos petrolíferos previstos, cartografía del fondo
marino, un plan de gestión ambiental, etc.
Por
lo tanto, toda esta nueva documentación debe ser sometida a información pública
conforme establecía el artículo 9.3 y 7 del Real Decreto Legislativo 1/2008 por
lo que no procede una nueva consulta restringida a Administraciones públicas y
personas interesadas (artículo 9.4), sino un nuevo período de información
pública abierta al público en general.
A
ello se suma la emisión de nuevos informes de organismos como el CEDEX, la
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, la Dirección
General de Relaciones Económicas Internacionales, Directora Técnica de la
División para la Protección del Mar, etcétera, que son necesarios para conocer
el alcance de los riesgos que comportan los pozos petrolíferos.
Por
lo tanto, no acordar el nuevo período de información pública vicia el
procedimiento de nulidad y viola el derecho fundamental de los ciudadanos a
conocer los riesgos que podemos sufrir en el medio ambiente del que vivimos
conforme al artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
