Mediante las enmiendas se insta al gobierno a evaluar y reconsiderar la necesidad de
paliar los efectos impeditivos en el
acceso a los tribunales de la Ley
10/2012 e 20 de noviembre,
por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de
Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y
ello considerando las siguientes
premisas:
-Mantener la
cantidad de la cuota fija en los procedimientos, eliminando el porcentaje
variable que se aplica según la cuantía
.-Eliminar el
devengo de las tasas para la interposición de
los recursos.
-Determinar un
plazo de vigencia para la precitada Ley a
fin de ir reduciendo
hasta su total eliminación la aplicación de Tasas, en función de la situación económica del país.
- Impulsar la
modificación de la Ley
1/1996 de 10 de enero
de Asistencia Jurídica Gratuita
respecto al ámbito de aplicación a fin
de que se pueda hacer extensiva
a las Sociedades Limitadas.
Desde AMF se
pretende que el gobierno tenga en
consideración la posibilidad de que las Tasas procesales no sean
un elemento coercitivo que impida
el derecho de tutela judicial
efectiva. Por ello se solicita una reducción de las mismas y una temporalidad
de la Ley , con el fin
de que las Tasas judiciales
desaparezcan paulatinamente con la
mejora económica del país.
Otras de los
objetivos de las enmiendas, y que se expondrán ante el pleno del Senado, es la
necesidad de que las Sociedades
Limitadas puedan optar a
la justicia gratuita, dado que éstas son
una parte muy importante en el sustento de la economía del país, pero que se ven imposibilitadas a ejercitar acciones
judiciales para la defensa de su
empresas y negocios por los altos costes
procesales.