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Juzgado de Las Palmas obliga a suspender el debate de un punto del orden del día de un pleno extraordinario solicitado por Coalición Canaria La Oliva y Nueva Canarias




 El Juzgado de lo Contencioso Administrativo no 5 de Las Palmas ha obligado al Ayuntamiento de La Oliva a suspender el debate y por tanto retirar del orden del día la propuesta realizada por Coalición canaria La Oliva y Nueva Canaria de que el Pleno Municipal decidiese el pase al grupo de no adscritos y la perdida de sus competencias delegadas de la concejal de Contratación, Transparencia y Disciplina Urbanística y Medioambiental, María del Carmen Cabrera.


Esta decisión judicial choca frontalmente con las intenciones de los convocantes de la sesión plenaria que pretendían sumar a su falso mensaje de que “la oposición había tomado el control del gasto en el ayuntamiento” el de “la oposición se convierte en órgano judicial y considera que puede asumir el papel de juez, fiscal y jurado”.


Al estar judicializada en la vía penal la presunta renuncia de la Concejal a su militancia en Podemos, la justicia entiende a tenor de la resolución que el Ayuntamiento, en este caso la oposición, no puede dictar una sentencia sobre un caso que se encuentra en trámite de diligencias.


Para el equipo de gobierno municipal “Este Pleno solicitado por la oposición tenía un doble objetivo, bien claro, a tenor de los puntos que recogía; por un lado, paralizar la gestión municipal y por otro en base a lo que se solicita en el segundo punto del orden del día que plantearon, garantizar el apoyo del concejal de Nueva Canaria al bloque de la oposición”. 

El segundo punto del orden del día recoge que el Ayuntamiento pague un sueldo al concejal de Nueva Canaria, Oliver Cristian González Cabrera, sin ninguna lógica ni disposición de carácter municipal que lo avalase.


A la espera de la celebración del pleno solicitado por la oposición que debe celebrarse el 5 de mayo el equipo de gobierno considera “que los vecinos de La Oliva no entenderán que nos reunamos 21 concejales, única y exclusivamente, para decidir que un concejal de la oposición que ya en durante esta legislatura tuvo las retribuciones que le correspondían por un acuerdo suscrito entre los grupos políticos sea ahora beneficiario de un sueldo pagado por todos los vecinos y que ni organizativa ni reglamentariamente le corresponde”.