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PSOE trasladará al Comisionado de Transparencia los abusos de poder y vulneración de derechos del grupo de gobierno del Cabildo de Fuerteventura



 El grupo socialista en el Cabildo de Fuerteventura trasladará al Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias los reiterados abusos, incumplimientos y vulneración de derechos básicos que el grupo de gobierno presidido por Sergio Lloret con el apoyo de la nacionalista Lola García y el popular Claudio Gutiérrez vienen desarrollando desde que accedieran al poder en marzo de presente año. 


Desde hace meses el grupo de gobierno que conforman Lloret con CC y el PP no responde a las preguntas plenarias, impiden a los consejeros de la oposición el acceso a los expedientes, incluso en los niveles más básicos de su tramitación, de tal forma que se llevan asuntos al Pleno de la Corporación sin dar la posibilidad de conocerlos con anterioridad, dificultando la labor de fiscalización y seguimiento, y también los consensos porque no podemos votar a favor de lo que no conocen. 


Tampoco se informa adecuadamente en las Comisiones y Juntas de Portavoces donde se ofrece una información sesgada y parcial que no coincide con la que finalmente se lleva al Pleno; se les  excluye a a propósito de reuniones llegando incluso a impedirnos acceder al salón de plenos. 


En definitiva se está hablando de todo un cúmulo de despropósitos que ponen de manifiesto una gran falta de responsabilidad por parte de quienes nos gobiernan y que está rebajando a niveles muy bajos la calidad democrática de la primera institución de la Isla. 


El PSC PSOE no puede consentir que esta situación se prolongue por más tiempo. Desde hace meses han  estado indicando que esta no es la forma de proceder, han tenido paciencia esperando que fuera fruto de su inexperiencia pero observan que no es así, que se trata de una estrategia calculada a propósito y con alevosía, y que lo que debería ser una excepción se ha convertido en la norma. 


Por tanto no les  dejan más opción que actuar en consecuencia de lo estipulado en la Ley básica estatal 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno; la Ley de desarrollo legislativo autonómica 12/2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley 8/2015 de Cabildos Insulares en el Título III, Capítulo II, artículos 95 y siguientes.