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PP de Fuerteventura inicia campaña contra la Okupación ilegal de viviendas para poder echar a okupas en 12 horas

 


El Partido Popular de Fuerteventura ha iniciado una campaña para informar sobre el proposición de ley que el Grupo Popuar llevará al Congreso de los Diputados en contra la ocupación ilegal y en defensa de la propiedad privada.

 "Muchas zonas de la isla se está viendo afectadas por estas mafias que se dedican a ocupar viviendas de forma ilegal generando problemas de convivencia en muchos barrios donde, hasta ese momento, sus vecinos vivían con tranquilidad", asegura Fernando Enseñat, presidente del PP majorero.

Así, la campaña en Fuerteventura ha arrancado con la presentación de la Ley Antiokupación a los vecinos del barrio de Rosa Vila que, desde hace unos años, sufren problemas continuos de okupaciones que les han obligado a reforzar la seguridad de sus viviendas y también invertir en métodos de seguridad en las casas vacías. "El testimonio de estos vecinos es terrorífico. De su bolsillo han tenido que pagar alarmas, vallas de seguridad  y puertas antirrobo en viviendas que no eran de su propiedad para poder evitar que se metan estas mafias en las casas vacías", asegura Enseñat.

Los vecinos denuncian además problemas de convivencia con la okupación de una urbanización a medio hacer cerca de sus casas sin que tengan respuestas por parte de ninguna administración. "El abandono de la administración a las familias víctimas de la okupación es absoluto. Por eso, perseguimos proteger a los propietarios, dotar de herramientas a las comunidades de vecinos y, ayudar a aquellas familias que se ven obligadas a ocupar casas y que están en situación de necesidad", afirma Enseñat.

En este sentido, el PP vuelve a reclamar una política activa de vivienda social desde el Gobierno de España, Canarias, Cabildos y Ayuntamientos. "Los ayuntamientos tienen que poner suelo a disposición del Gobierno de Canarias para que se pueda invertir en la isla en la construcción de viviendas", recuerda Enseñat que lamenta que el Consorcio de la Vivienda prometido por el Cabildo majorero siga siendo una simple promesa "un año después de que lo haya propuesto el PP y anunciado el presidente socialista Blas Acosta".

La propuesta del PP pasa por lograr que se pueda echar a un okupa en no más de 12 horas, que la ocupación con violencia se castigue con penas de cárcel de uno a tres años; y la incitación a la 'okupación', con penas de cárcel de tres meses a un año. De igual manera, se insta a prohibir que no se permita que los okupas puedan empadronarse en viviendas ocupadas ilegalmente. Además, se permitirá que las comunidades de vecinos puedan actuar en caso de detectar ocupaciones ilegales en sus edificios. "Dotaremos a los vecinos y a la Policía de herramientas para luchar contra estas mafias", asegura.

Para ello, además de las reuniones con colectivos, la secretaria de vivienda del Partido Popular de Fuerteventura, Concha López, ha anunciado una recogida de firmas, tanto a través de internet como desde las sedes del partido y en las principales zonas comerciales, "para que los majoreros puedan firmar contra la ocupación ilegal y apoyar el plan antiokupación del PP”.

Y es que los datos en Fuerteventura son preocupantes: en los seis primeros meses del año se presentaron el mismo número de denuncias que en todo el año anterior (36). "Mucha gente no denuncia sino que inicia directamente el procedimiento legal para recuperar su vivienda. Algo que se eterniza en el tiempo y puede durar años mientras estas familias siguen pagando sus hipotecas sin poder entrar a sus viviendas", recuerda.

El PP espera poder reunirse durante todo el mes de octubre con asociaciones de vecinos y comunidades de propietarios afectados por la ocupación en localidades como Corralejo, Morro Jable, Puerto del Rosario o Nuevo Horizonte.

 

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