Este pasado
fin de semana la población majorera ha recibido del gobierno canario una nueva
humillación al ver otra vez suspendidas las obras de remodelación del hospital
general de la Isla
como consecuencia de un plante de la empresa constructora (subcontrata de OHL)
)por impago del Gobierno
Esta
suspensión, supone un nuevo e inadmisible retraso en los cerca de 11 años que
la población de la isla lleva esperando para disponer de unas instalaciones
hospitalarias dignas, pero además, va a complicar sensiblemente la degradada
calidad asistencial de la isla que, recordemos, sufre un trato discriminatorio
y una dotación de menor número de camas y personal sanitario por habitante que
el resto de islas y el Estado español, acumulando cerca de mil quinientos pacientes en lista de espera para una
intervención quirúrgica, muchos de los cuales no llegaran a poder ser atendidos
de sus dolencias.
Por otra parte, durante el tiempo transcurrido desde el
inicio del proyecto de remodelación del centro sanitario hasta la actualidad,
la población de la Isla
casi se ha triplicado, habiendo alcanzando además los dos millones de
visitantes al año, motivo por el cual, cuando el nuevo hospital se encuentre
operativo, tanto el conjunto de las instalaciones como las 56 nuevas camas
serán manifiestamente insuficientes, dándose la paradoja que, entonces habría que iniciar una nueva fase de
actualización de las dependencias.
Resulta
difícilmente comprensible el interés, diligencia e impecable coordinación existente
entre el Cabildo y el Gobierno canario en el desarrollo y acabado de la
construcción del Palacio de Congresos, y contradictoriamente, el desinterés
mostrado en la financiación y conclusión del hospital insular como servicio
público fundamental y del que depende la salud e incluso la vida de los
majoreros. Pero ya se sabe: de las
deficiencias de la sanidad pública se nutre económicamente la sanidad privada y
cuando el gobierno dice que no cerrará hospitales públicos, quiere decir que
los liquidará a plazos.
¿Ante la grave
situación sanitaria creada, no viene obligado el Cabildo como gobierno insular
a exigir al Ejecutivo canario el cese de los engaños a la población de la Isla y que la prioridad
absoluta en las acciones del gobierno sea la financiación y acabado del nuevo
hospital?
Junto a
la exigencia al gobierno español de “No a las prospecciones”, para proteger
nuestra salud y nuestro territorio, cabalmente tendremos que exigir también al
Gobierno canario un hospital digno para ser atendido correctamente cuando
enfermemos.
Intersindical Canaria promoverá entre
los trabajadores concentraciones de protesta coincidiendo con cualquier visita
oficial que las autoridades realicen al hospital antes de la finalización de
las obras.
