Durante la última Asamblea de
Reformas, Empleo y Desarrollo (RED) celebrada en su sede de Gran Tarajal, esta
formación política puso de manifiesto la precaria situación de muchas familias
de Fuerteventura. Según su presidente, José Sánchez Alayón, "en la isla
hay muchas casas que se construyeron al margen de la legalidad por la necesidad
imperiosa de cubrir un derecho básico como es el de tener un hogar. Visto que
el daño ya está hecho, lo que toca ahora es regular la situación de esas
familias para que no tengan que vivir más en la clandestinidad y puedan aportar
a la bolsa común con sus impuestos".
La Asamblea se refirió a que
Fuerteventura cuenta con multitud de casas que fueron paralizadas por no contar
con los requisitos legales exigidos para su construcción. Con posterioridad, y
desatendiendo las indicaciones de las autoridades, quitaron los precintos y
procedieron a terminar las obras, guiados por la necesidad de tener un
hogar. Lejos de avalar a quienes no
respetaron las normas, desde Reformas, Empleo y Desarrollo "entendemos la
necesidad de aquellos propietarios, que levantaron su casa con ilusión sobre un
terreno que les fue legado por sus padres".
Esta situación de ilegalidad ha
llevado a los propietarios de dichas viviendas a hacer frente a multas que, en
la mayoría de los casos, superan los 100.000 euros, "siendo imposible
hacer frente al pago de tal cantidad". Por ello, esas familias han visto
con impotencia cómo se les embargaban las cuentas para satisfacer la deuda. Y
esto ha derivado en que muchas de esas familias subsistan gracias a la economía
sumergida, sin la correspondiente afiliación a la Seguridad Social y sin contar
con los beneficios propios de la misma en situaciones de desempleo.
Por tal motivo, desde Reformas,
Empleo y Desarrollo "pedimos a las autoridades competentes que las multas
desorbitadas, imposibles de pagar en la mayoría de los casos, sean anuladas y
se obligue a los propietarios a cumplir con los requisitos necesarios para que
se legalice su situación, de manera que puedan acceder al derecho
constitucional de tener una vivienda digna".
Desde Reformas, Empleo y
Desarrollo invitan a todos los ciudadanos y ciudadanas a que conozcan este
proyecto, para lo cual pueden acudir a la sede de Gran Tarajal o ponerse en
contacto a través del teléfono 626
955 514.
