En tal sentido la
senadora SANDRA DOMINGUEZ ha
formulado una pregunta para su contestación por escrito ante el Senado exponiendo que el Consejo de Ministros ha aprobado la privatización de hasta un 49% del Capital social de Aena aeropuertos S.A. con el supuesto objetivo de que “todos los ciudadanos tengan la oportunidad de viajar en servicios públicos de calidad “.
formulado una pregunta para su contestación por escrito ante el Senado exponiendo que el Consejo de Ministros ha aprobado la privatización de hasta un 49% del Capital social de Aena aeropuertos S.A. con el supuesto objetivo de que “todos los ciudadanos tengan la oportunidad de viajar en servicios públicos de calidad “.
Señaló que el Aeropuerto de Fuerteventura, y dentro del segmento nacional, el tráfico
interinsular sigue siendo el predominante, con más del 59% de los pasajeros
nacionales. Por ello y dentro del marco
precitado se ha presentado pregunta escrita respecto a si se ha tenido en
cuenta la excepcionalidad de las Islas Canarias en cuanto que el transporte
aéreo comporta la forma básica de traslado y movilidad de los canarios, que por
el carácter de insularidad se encuentran obligados a utilizar el medio de
transporte aéreo para cubrir servicios básicos como la sanidad, educación o
justicia, por encontrarse estos en islas capitalinas.
Se ha manifestado por la Senadora
Sandra Domínguez que Canarias no puede estar sujeta al mismo
régimen que el resto de los aeropuertos de interés general, ni se puede incluir
a Canarias dentro de la misma bolsa de gestión que aquellos aeródromos prácticamente
innecesarios como el de Castellón o Ciudad Real.
Por ello ha expresado que no se
puede evaluar la rentabilidad del servicio de los aeropuertos en Canarias, sino
desde el punto de visto de necesidad social y valorarlo desde la perspectiva
del interés general que se cubre. Preguntó
asimismo si se han previsto tales circunstancias a fin de que se modifique el
marco legal del RDL 13/2010 de 3 de diciembre
y se incluya una disposición que permita que los aeropuertos de Canarias
supongan una excepcionalidad dentro del marco de privatización previsto.