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El Cabildo de Fuerteventura reclama al Ministerio que suspenda la tramitación de las prospecciones petrolíferas y respete el nuevo reglamento que elabora la UE



El Cabildo de Fuerteventura ha remitido un nueva alegación al Ministerio de Industria, a la tramitación de los ‘Permisos de Investigación de Hidrocarburos ‘Canarias 1 a 9’, en la que además de reiterar la solicitud de suspensión de todo el proceso y que se escuche la opinión de las sociedades e instituciones de Lanzarote y Fuerteventura y a las entidades científicas canarias, señala que la Unión Europea está tramitando una nueva regulación europea en el  ámbito de las extracciones petrolíferas y de otros hidrocarburos en alta mar, que entraría en vigor en 2013.

“Lo que no entendemos es que, sabiendo que la UE está reformando toda la normativa a raíz de los derrames y la contaminación en el Golfo de México, España acelere ahora todo el proceso para aprobar los permisos antes d que entre en vigor la nueva norma”, explicó Mario Cabrera.

En este sentido, existe una Propuesta de ‘REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre la seguridad de las actividades de prospección, exploración y producción de petróleo y de gas mar adentro’ que se está tramitando  en el ámbito de las instituciones europeas desde el pasado año, con el objetivo de que entre en vigor a partir de 2013.

El texto del mencionado Reglamento señala como principales preocupaciones de las extracciones petrolíferas en alta mar, las siguientes:

1. El riesgo de que se produzca un accidente grave de petróleo o de gas mar adentro en aguas de la Unión es significativo y la fragmentada legislación actual y las diferentes prácticas regulatorias y de la industria no permiten reducir los riesgos de la Unión tanto como sería posible.








2. El marco reglamentario y las normas de funcionamiento existentes no garantizan la acción de emergencia más efectiva en caso de accidente en aguas de la Unión y la atribución de responsabilidades en relación con el saneamiento y los daños convencionales no está totalmente clara.

Esta iniciativa europea se planteó a raíz de los accidentes, y la consiguiente contaminación, de 2010 en la costa del Golfo de México. Al respecto, plantea la institución europea lo siguiente:

El año pasado, la Comisión ya respondió al desastre del Golfo de México mediante un análisis de las deficiencias de las prácticas en alta mar y el marco legislativo de la Unión y la posterior Comunicación «Hacer frente al reto de la seguridad de las actividades relacionadas con el petróleo y el gas alta mar», adoptada en octubre de 2010. De esta forma, la Comisión proporcionó una primera indicación de los ámbitos de actuación posibles en la Unión.
Existen diferencias considerables y una gran fragmentación en la legislación y en las prácticas de los Estados miembros en lo referente a las actividades mar adentro (por ejemplo, en materia de otorgamiento de concesiones, las disposiciones en materia de responsabilidad, las normas de seguridad de los equipos, la transparencia en relación con el público y el intercambio de información).
Esta situación refleja la ausencia casi total de instrumentos de Derecho internacional y las lagunas de la legislación pertinente de la Unión. Incluso si algunos Estados miembros cuentan con sistemas de regulación de las actividades mar adentro que son referencia a nivel mundial, todos son susceptibles de mejora. Es importante reconocer que el control de los riesgos de accidente grave en la industria petrolera mar adentro debe alcanzar un elevado nivel homogéneo de calidad en todo el territorio de la Unión.

La nueva propuesta de ordenación europea, que entraría en vigor en 2013,  establece además importantes responsabilidades para las empresas concesionarias de las explotaciones, en el siguiente sentido:

Los concesionarios deben ser considerados responsables de todos los daños que causen. La mayor parte de las autoridades de reglamentación nacionales y la industria consideran adecuado el sistema de otorgamiento de concesiones y de permisos actualmente aplicado en algunos Estados miembros, pero opinan que la Unión debe colaborar con otros para mejorar el nivel de exigencia en la materia. Estiman que las decisiones de atribución de autorizaciones deben seguir siendo exclusivamente competencia del Estado miembro afectado; no obstante, se podría intercambiar información con Estados vecinos cuando exista un riesgo potencial de contaminación transfronteriza. Algunas empresas presentaron, a título individual, diversas recomendaciones (por ejemplo, armonizar y simplificar los procedimientos de autorización y separar, a nivel de las autoridades de reglamentación, las funciones de otorgamiento de concesiones y de la seguridad). Algunas ONG y representantes de los ciudadanos se manifestaron a favor de la obligación de consultar al Estado vecino o de obtener su consentimiento en caso de riesgo potencial de contaminación transfronteriza.

El instrumento legislativo prevé una evaluación más rigurosa, y basada en el riesgo, de la capacidad técnica y financiera. Asimismo introduce, además del elemento de seguridad, un aspecto medioambiental en el control y prevención del riesgo de accidente grave.

“En definitiva –aclara Mario Cabrera- estamos en pleno proceso de actualización y replanteamiento de la normativa europea para la realización de prospecciones y extracciones de hidrocarburos. Un proceso que debe culminar con la aplicación de nuevas precauciones y nuevas responsabilidades ambientales y sobre los daños subsidiarios. No entendemos entonces las prisas por recuperar, convalidar y pretender aprobar este Real Decreto antes de que entre en vigor la nueva normativa europea”, señaló.