Barragán( CC ): “Canarias lo que de verdad necesita del PSOE es voluntad política para la firma de los convenios pendientes con el Estado”




A falta de menos de tres meses para que acabe el año y con las partidas comprometidas en el PGE de 2018, solo hay fecha para la rúbrica de los convenios del Plan Integral de Empleo y el Plan para la Rehabilitación de Infraestructuras y Equipamiento Turístico

Canarias, a 3 de octubre de 2018. Canarias tiene pendiente la firma de seis convenios con el Gobierno de Pedro Sánchez que suponen más de 3.000 millones de euros. Así lo aseguró este miércoles el Secretario General de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, quien señaló que “la falta de voluntad que ha demostrado hasta ahora el Ejecutivo de Sánchez es directamente proporcional a los efectos económicos y sociales negativos para las islas”.

De la misma forma, Barragán lamentó la actitud del secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, que “confunde continuamente Moncloa con Ferraz, ya cada vez que va a Madrid para interferir en las relaciones que deberían tener Gobierno de España y Gobierno de Canarias encima viene con las manos vacías, tal y como demostró ayer en su reunión con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, enrareciendo las relaciones que deberían ser estrictamente en el marco institucional”.

“Canarias –agregó José Miguel Barragán-, lo que de verdad necesita del PSOE es voluntad política para la firma de los convenios pendientes con el Estado. Que el Gobierno de Sánchez, de una vez por todas, rubrique y transfiera los recursos contemplados en los convenios. Pero lo que tenemos hasta el momento es un PSOE más necesitado de apuntarse el tanto de anunciar esas firmas o en ligarlas a sus fiestas de la rosa en Canarias, que preocupado en que lleguen los recursos a las islas”.

El Secretario General de Coalición Canaria denunció que a día de hoy, a menos de tres meses para que finalice el año y con las partidas para los convenios comprometidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, “solo hay fecha prevista para las rúbricas de los convenios Canarias-Estado para la Rehabilitación de Infraestructuras y Equipamiento Turístico, dotado con 15 millones de euros, previsto para el próximo 8 de noviembre; así como el Plan Integral de Empleo para Canarias, que será el próximo 17 de octubre y que supondrá 42 millones de euros para la puesta en marcha de políticas específicas de empleo en las islas”.

De momento siguen sin fecha para la firma el convenio de Carreteras, que contempla las obras de los próximos 8 años por un importe de más de 2.000 millones de euros y que está recogido en los PGE con una ficha de 307 millones de euros sin transferir;  el convenio de Obras Hidráulicas Insulares por importe de 10 millones de euros; el Protocolo de Obras Hidráulicas con 915 millones de euros asignados, del que se desprendería un primer convenio ligado a este protocolo con una ficha financiera aproximada a los 300 millones de euros y un plazo de ejecución de 4 años; el PIEC para Infraestructuras Educativas por importe de 42 millones de euros + 2 millones de euros nominativos; el convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y la comunidad autónoma en el marco del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género; así como otros compromisos que siguen pendientes de respuesta como la colaboración Canarias-Estado para el impulso de la Estrategia Operativa de Internacionalización de la Economía Canaria.

También sigue sin respuesta la propuesta que el Gobierno de Canarias trasladó a finales de julio a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero y al presidente Pedro Sánchez para que las comunidades autónomas cumplidoras, entre ellas, Canarias, “puedan incorporar su superávit a las cuentas autonómicas, recordó el Secretario General de CC.

José Miguel Barragán recordó que “de esta propuesta, que sigue sobre la mesa del Gobierno de España, depende que se pueda mejorar el bienestar de 2,1 millones de canarios, ya que se trata de 1.400 millones de euros de los que 598 corresponderían a la comunidad autónoma, 500 a los ayuntamientos y 300 millones de euros a los cabildos, que podrían repercutir de forma directa en una mejora de los servicios públicas esenciales”.



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