Fuerteventura.- Transparencia y apoyo a las pymes, principales novedades de la nueva Ley de Contratación Pública


El contrato menor de servicio tendrá un tope de 15.000 euros y las administraciones públicas deberán publicar cada tres meses los contratos menores
Puerto del Rosario, 15 de febrero de 2018.- La nueva ley de Contratación Pública introducirá cambios significativos para favorecer, por un lado, la transparencia en los procedimientos de contratación de las administraciones públicas y, por otro, para impulsar las pequeñas y medianas empresas. Así lo destacaron en la presentación de la jornada informativa, celebrada ayer en la Cámara de Comercio, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, el consejero insular de Hacienda , Rafael Páez, y el vicepresidente primero de la Cámara, Antonio Hormiga, ante más de medio centenar de empresarios, emprendedores y agentes económicos de Fuerteventura.
El consultor Fernando Fariña fue el encargado de desgranar los entresijos de la nueva norma que obliga a las administraciones públicas a publicar todas las licitaciones en la plataforma estatal de contratación pública (www.contrataciondelestado.es) “por lo que desaparece la obligatoriedad de publicar en los boletines oficiales y obliga a publicar en la plataforma”.
El mandato de Europa, explicó, insta a las administraciones, además, a realizar un esfuerzo para fraccionar el objeto de contrato en lotes “y que no sea el gran empresario que se lleve el contrato porque el pequeño no tiene solvencia”. En esta línea, se valora especialmente la calidad que proviene del pequeño empresario, el más cercano a la administración, y, además, “se logra que si existe algún problema sólo se paralice una parte del servicio”.
El valor del precio tampoco será el criterio principal de adjudicación  ya que se primarán los componentes sociales y medioambientales. Todo esto, insiste Fariña, otorga a la administración pública una gran responsabilidad de dar un giro a lo que son los procesos porque “toca cambiar el modelo de gestión”. De esta manera,  insiste, se tiene en cuenta que hay un sector, el de las pymes, “que realmente genera empleo y tiene un impacto social importantísimo”.

Fariña también desveló las claves de la regulación del artículo 118 del contrato menor de servicio donde, constató, “existe una cierta preocupación”. Y es que, por primera vez se establece un límite anual de 15.000 euros en suministros y servicios por lo que “cualquier empresario que llega a este límite no puede sobrepasar la cantidad”. Para evitar la picaresca y que se pueda ramificar el concepto, la ley obliga a que la administración  pública deba publicar cada tres meses todos los contratos menores que suscriba por lo que “si se evidencia que hay conexión entre esas empresas adjudicatarias se convierte en algo público que puede ser incluso objeto de impugnación”. Tras la exposición, los asistentes tuvieron ocasión de solventar todas sus dudas en un animado coloquio. 

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